Un proyecto de ordenanza que fue presentado en el Concejo Deliberante propone que por los delitos y excesos cometidos por menores de edad se apliquen multas y penas dirigidas a los padres o tutores. Según contó en exclusiva el concejal del Frente Renovador y autor del proyecto, Enrique Guillén, “el documento está adecuado a la legislación vigente y no se contradice con el Código Penal ni con la Constitución Nacional. El objetivo de esta ordenanza –enfatizó- es proteger los derechos del niño, y no hay ninguna objeción a que existan normas ampliatorias de las obligaciones que impone el Código Civil a los padres. Nadie puede objetar nada en ese sentido, ni tildar las multas de inconstitucionales siempre y cuando quede bien en claro que el objetivo de esta ordenanza es la de proteger los derechos del niño y su bienestar”, contó el legislador. Además, remarcó que la mencionada iniciativa “no va en contra de la norma penal, ya que el Código en el artículo 277 permite la imputación a los padres respecto de los delitos que cometan sus hijos menores cuando los progenitores se beneficien económicamente con lo producido ilícitamente por sus hijos o cuando lo hagan con habitualidad”, indicó. “La idea es que los padres no sean socios de sus hijos en el delito o se aprovechen de ello. Esta ordenanza busca sancionar a aquellos padres que dolosamente desatiendan sus funciones u obliguen a sus hijos a practicar la mendicidad ya que son conductas que, sin caer en delitos, constituyen serias faltas que en el futuro podrían ser delictuales. En este sentido, entiendo que también la norma estaría cumpliendo un fin preventivo para evitar conductas más perjudiciales en el futuro”, resumió Guillén.  Para el concejal, “en este contexto, cabe analizar las vías por las que podría proponerse una norma local que brinde herramientas punitivas para la mejor tutela de los derechos del niño. Preocupa el alto grado de vulnerabilidad a la que, en casos límites, muchos niños se ven sometidos por un abandono, sometimientos o desatención grave y sistemática de sus padres”. Agrega Guillén en los considerandos del proyecto que “la idea de privar a un padre de la patria potestad como castigo es, no sólo expresamente vedada cuando el destrato se deba a causas vinculadas a carencia de recursos del padre, sino poco funcional a los valores y estrategias de la norma superior”, resaltó.

Diversificación

Sostiene el documento que tratarán los concejales la semana próxima que “en tanto no exista la modificación de la legislación provincial y nacional vigente, parece conveniente –como programa piloto y sujeto por ello a una duración limitada en la que se evalúe su eficacia y validez- proponer una normativa que contemple la amenaza de sanción de índole contravencional- penal a los padres, tutores o guardianes para los casos en que la acción de fomentar u obligar, así como la omisión de evitar, ciertas conductas de sus hijos o niños a cargo, en forma reiterada y grave, ponga en peligro a los mismos”, se indica.