La conflictiva situación que presentan hoy varios barrios del Plan Federal de Vivienda por la usurpación de casas puede tener un desenlace en la primera quincena de abril. Para esa fecha –sería el 8 de ese mes- la justicia convocó a las partes en conflicto para realizar una audiencia de mediación casi sin precedente. La citación no sólo sería para las familias que ocuparon las casas del plan sino también para los empresarios Daniel Fernández –Fernández Construcciones- y Alberto Dafonseca de MF SA, titulares de los predios donde se levantaron las viviendas tomadas y quienes formularon las denuncias en la justicia, funcionarios del gobierno local –específicamente el secretario de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Carlos Cortés-, y autoridades del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la convocatoria sería poder lograr en esa audiencia que coordinará la ayudante fiscal del distrito, la doctora Laura Molina, un acuerdo entre las partes que permita destrabar una situación compleja y de difícil resolución. Para evitar inconvenientes entre las familias, los funcionarios y los empresarios, se habría solicitado custodia policial para la sala "Victorio Tommasi" donde se desarrollará la audiencia y trascendió que las familias serían convocadas en distintos días según el barrio al que pertenecen. Por otra parte, el diario La Vanguardia pudo saber que si no se llegara a un acuerdo entre las partes en conflicto en esa reunión programada para abril, y agotadas todas las instancias posibles, se avanzaría con el pedido de desalojo de los barrios que pertenecen al Plan Federal, lo que significaría una situación en la que directamente intervendrían un juez y las fuerzas de seguridad. Claro que primero se trataría de convencer a las familias para que pacíficamente abandonen los predios antes de la llegada de los cuerpos de infantería. Llegado ese punto, que nadie quiere ni siquiera analizar, las autoridades hasta evalúan la llegada a Balcarce de grupo de izquierda que ayuden en la resistencia de las familias en los barrios. Por otro lado, muchos dudan que habiendo menores y familias en situación de calle un juez ordene el lanzamiento de los usurpadores. En la primera conferencia que dio como intendente, el doctor José Enrique Echeverría fue claro al fijar su postura respecto de la ocupación ilegal de casas: "es un delito", dijo el jefe comunal y ante la requisitoria de la prensa repitió una y otra vez que ese tema lo definiría la justicia.

Posibles acciones. La fiscalía descentralizada que dirige el doctor Rodolfo Moure ya terminó con las medidas investigativas originadas tras las denuncias de los empresarios titulares de los barrios usurpados. Tras identificar a más de 100 personas, la justicia convocó a una audiencia para evitar medidas extremas –desalojo-. Si se da este caso, fuentes consultadas por La Vanguardia explicaron que al margen del lanzamiento en algunos casos cabría la posibilidad que varias de las personas que usurparon una casa sean imputados en una causa penal por el delito de usurpación que prevé una condena de hasta los tres años de prisión