El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, se refirió al malestar creciente en dirigentes y productores agropecuarios por cuestiones de vieja data, como la presión tributaria, la intervención en los mercados y el cierre de exportaciones, ahora agravadas por las inundaciones y la falta de previsión oficial. El malhumor de los productores quedó de manifiesto esta semana durante una asamblea realizada en la localidad bonaerense de Bolívar, donde se declaró el estado de alerta permanente y se pidió un paro nacional a la Mesa de Enlace. 

"En Bolívar vimos mucha bronca e indignación. En Buenos Aires los productores reclamaron un paro. Ya hay varios distritos que lo vienen proponiendo y otras provincias que se van a reunir en estos días. No descartamos ninguna acción de fuerza", respondió el dirigente. 

A propósito, Etchevehere responsabilizó al gobierno de volver a generar todas las condiciones para una protesta del campo. Tal es el caso de la nueva ley de abastecimiento, con media sanción en el Congreso, que: "Busca institucionalizar una herramienta que el oficialismo emplea en el sector agropecuario hace mucho tiempo. Ya sabemos cómo termina: menor producción, aumento de precios al consumidor, pérdida de inversiones y de empleo". 

Para el ruralista, el ejemplo del campo sirvió para alertar a todos los sectores de las consecuencias de este tipo de medidas. "Sin embargo, hay indicios que llevan a pensar que se puede profundizar la discrecionalidad y el autoritarismo y que podríamos estar en camino del «exprópiese» de Chávez", advirtió a La Nación. 

El predio de la Rural 

En otro orden, al referirse a la citación de la justicia penal a ex directivos de la SRA para esta semana por la compra del predio en Palermo, Etchevehere dijo que ésta fue "absolutamente legal" y que "está muy clara la intencionalidad política", y que además de ser infundadas las razones por las cuales se inició la causa, "el procesamiento que pesa sobre ex directivos de la SRA es nulo y será impugnado". 

Explicó que una de las acusaciones es por la obtención de un crédito del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) que, según el juez, nunca fue ejecutado ni devuelto. "Cuando justamente con el monto en préstamo -que fueron 69 millones de dólares- se construyeron cinco pabellones de 40.000 metros cuadrados, 1100 cocheras, depósitos y áreas de servicio y un edificio de oficinas con salas. Estas obras están a la vista de todo el mundo. Por otro lado, el crédito se devolvió en un 76 por ciento, que es lo vencido a la fecha y su cumplimiento está al día", dijo. 

Etchevehere destacó que "la compra de ese predio fue absolutamente legal", y explicó que "la tasación la hicieron tres entidades distintas, propuestas exclusivamente por el vendedor, o sea el Estado Nacional, y todas concluyeron que su precio era entre 30 y 32 millones de dólares. Para fijar ese monto se tuvieron en cuenta los condicionantes de uso a los que la SRA se tuvo que comprometer. Entre ellos, la ampliación del centro de exposiciones y la contribución al Estado con el 5 por ciento de lo recaudado por la venta de entradas", concluyó.