Un hombre sufrió la injusticia en carne propia: estuvo en la cárcel durante un año, 10 meses y 14 días porque lo acusaron de un robo que no cometió. Por este error, el Estado provincial deberá resarcirlo con dinero, aunque las secuelas por estar a la sombra durante 22 meses quedarán para siempre.

En la madrugada del 28 de junio de 2004 se produjo el robo al boliche de la Toma Vieja de Paraná, Budha, donde ladrones sustrajeron alrededor de 25.000 pesos tras violentar la caja fuerte y reducir al sereno. Por el hecho quedaron detenidos cuatro hombres, entre ellos José Alfredo Herbel, a quien le encontraron calcomanías del local bailable y una máscara para soldar. El juez de Instrucción entendió que era prueba suficiente, lo procesó y lo dejó en la cárcel con prisión preventiva. Recuperó la libertad recién poco antes del juicio, desarrollado en 2007, donde el fiscal de Cámara José María Chemes no lo acusó por la carencia de pruebas, e incluso le pidió disculpas. Herbel fue absuelto, y luego inició una demanda civil por haber estado preso sin razón, y por las consecuencias sufridas, tanto de orden patrimonial como moral y psicológico.

Ayer se conoció la sentencia del juez Civil y Comercial Pablo Catáneo, quien condenó a la Provincia a indemnizar a Herbel con más de 77.729 pesos por el error judicial que le costó un importante daño moral y lucro cesante.

Los abogados demandantes Iván Varnengo y Rubén Pagliotto, representantes de Herbel, plantearon que durante la tramitación del proceso le fueron rechazados los pedidos de excarcelación realizados tanto al juez de Instrucción como a la Cámara de Apelaciones, por lo que el acusado siguió preso casis dos años “por una imputación falsa, endeble, irrazonable, inmotivada e injusta”.

Por su parte, el fiscal de Estado de la Provincia Julio César Rodríguez Signes rechazó el reclamo al entender que hubo un “obrar conforme a Derecho por parte de los órganos jurisdiccionales intervinientes en la causa”, y consideró que “existieron elementos fácticos que fundamentaron el juicio incriminatorio aunque con el grado de probabilidad propio del estado procesal en que fue emitido”.

En su sentencia, el juez Catáneo explicó previamente que “los daños indemnizables por la actuación judicial deben ser el resultado del ejercicio irregular del servicio, de lo contrario deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia”.

En este sentido, planteó que “no siempre quien ha sido privado de libertad y luego absuelto tiene derecho automáticamente a este tipo de resarcimiento, dado que para ello deben darse estrictas condiciones”. Entre ellas, mencionó “que la prisión preventiva carezca de sustento lógico o sea el producto de un error palmario y manifiesto, o aparezca infundado y arbitrario”.

Un testigo elucubrador

Respecto del caso de Herbel, Catáneo entendió que “la detención y el posterior dictado de prisión preventiva se sostuvo solamente en la declaración incriminatoria del testigo Salas”, el cual “fue desechado por el fiscal en el juicio denominándolo ‘testigo perito elucubrador’, carente de toda credibilidad”. Este testimonio además fue contradicho por otros testigos, incluso por el propio sereno del boliche que fue maniatado. Y acerca de las calcomanías de Budha y la máscara para soldar que le secuestraron a Herbel en su casa, “no guarecían en absoluto relación con el hecho delictivo”, afirmó el juez.

Todo esto llevó a Catáneo a concluir que “ha sido infundada la prisión preventiva de Herbel, cuya vinculación con el hecho no encuentra sustento en elementos probados u objetivos de la causa, a tal punto que el Ministerio Público no llegó a formular acusación dada la pobreza de pruebas”.

Finalmente, el juez entendió que es correcta la demanda formulada, ya que existió en el caso una responsabilidad estatal por privación de la libertad que resultó ser ilegítima e injusta. El fallo no está firme, y seguro será atacado por los representantes del Estado en las instancias judiciales superiores.

Ahora, perjudicado por el Indec

En uno de los puntos de la demanda por la indemnización, los representantes de Herbel plantearon el daño patrimonial en concepto de lucro cesante por las ganancias perdidas en su actividad al estar preso.

El juez Pablo Catáneo entendió que no se probó acabadamente en la causa “cuál era su ocupación, se limita a indicar que se dedicaba a la compra, acondicionamiento y posterior venta de automóviles y motos y trabajo de taller de mecánica ligera, pero no ha acreditado montos o cuantía de las ganancias que le redituaba el oficio”.

Por esto, el magistrado fijó la suma estimativa según el criterio de la Sala 2 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: multiplicar el valor de la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec en junio de 2013 (1.679 pesos), por los 22 meses y 14 días que Herbel permaneció preso. Un criterio que se sigue según las cifras oficiales, pese a las críticas recibidas por el descreimiento respecto de los valores de la inflación.

Por otro parte, los demandantes pidieron resarcimiento también por los daños extrapatrimoniales.

Al respecto, Catáneo sostuvo que “de la pericia psicológica se ha determinado que Herbel no presenta un trastorno psicopatológico ni padece enfermedad psicológica o psiquiátrica; sí en cambio se han corroborado consecuencias negativas en la vida emocional o socioafectiva”, afecciones que forman parte del “daño moral que evidentemente implica la estadía en la cárcel para quien ha soportado injustamente la prisión”.