Gustavo Saravia, asesor del presidente de la Comisión, el diputado Ramón Villa, indicó que entre los montos que se manejan como pago por los EIAS, se conoce que por uno de menos de 300 hectáreas el pago es de 50 mil pesos. 

Cuando la extensión es mayor, es de 30 pesos por hectárea.

Ello se tomó tras cuestionar la calidad de los informes que Ambiente revisa y por los que aprueba desmontes en zonas donde el conflicto ambiental y social puede generar un problema para Salta en un futuro inmediato. 

Como ejemplo de esas falencias, apuntó a los acuerdos por el presunto otorgamiento de tierras en los que "muchas veces se juega con la ignorancia de la gente, les dicen que les van a dar tierras en tres años". 

Pero contrapuso a la posibilidad, la existencia de reglamentaciones en la Dirección de Inmuebles que podrían obstaculizar la mensura tal y como proponen los titulares. 

La metodología también podría generar divisiones en las familias que ocupan un solo puesto. 

Fue en Cuchuy donde contó, se les había prometido a unos tres puesteros la entrega de tierras. 

Los puesteros sólo quedaron con cinco hectáreas, espacio insuficiente para continuar con su forma de vida.