Se trata un fiscal y de integrantes de la Cámara de Apelaciones del fuero penal, por ordenar un allanamiento y desalojo de una familia que habita un predio que pertenece al Estado provincial, ubicado en Hermoso Campo. "Se violaron atribuciones del gobierno", dijo Raúl Paris.
“Nos encontramos con la sorpresa de tener una orden de allanamiento en un predio que es patrimonio del Estado y sin ningún pedido de desalojo del Ejecutivo Provincial”, señaló Pedrini.
El funcionario afirmó que el gobierno investigará el caso y evaluará una posible medida en el jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Además, presentará un recurso de amparo para garantizar la seguridad jurídica a la propietaria y protegerla de “futuros intentos de atropellos”.
Pedrini rescató la conducta de la jueza de Garantías de Charata, quien en su momento desestimó la solicitud de desalojo del fiscal por entender que dicha tierra es propiedad del Estado. No obstante, el fiscal apeló a la Cámara de Apelaciones del fuero penal de la provincia que resolvió que se lleve adelante el allanamiento y desalojo “disponiendo de tierras que son del Instituto de Colonización”.
El inmueble en cuestión, formó parte de las tierras fiscales adjudicadas irregularmente durante gobiernos anteriores. Por ello, desde el inicio la actual gestión puso en marcha un proceso de reorganización de las tierras del Estado. El Instituto de Colonización mediante resolución fundada dejó sin efecto dicha adjudicación.
No obstante un tercero que habría adquirido ese terreno mediante un boleto absolutamente inválido y se presentó ante la justicia para pedir el desalojo de las personas que ocupan el lugar hace años. “Nos llama poderosamente la atención esta situación en la que terceros se arrogan el derecho a pedir un desalojo en una tierra que le pertenece a la provincia del Chaco”, advirtió Pedrini.
PARIS: “SE VIOLARON ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO”
El titular del Instituto de Colonización Jhon Paris aseguró que se investigará a fondo para proteger las tierras del Estado Provincial que le pertenecen a quienes la ocupan y la trabaja. “Si hay un pedido de desalojo lo tiene que hacer el dueño de la tierra que en éste caso es la provincia y el gobernador no ordenó ningún desalojo; al contrario, por lo que están violando atribuciones del gobierno provincial”, manifestó.
Además, destacó la rapidez con la que salió esta orden teniendo en cuenta que continúa el receso administrativo y hace poco se levantó la feria judicial.
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