El año judicial no arrancó de la mejor manera para la relación entre el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y la Corte Suprema de Justicia provincial. El pedido del presidente del máximo tribunal, Antonio Estofán, de que se priorice la cobertura de ciertas vacantes y la diplomática -pero firme- respuesta del titular del CAM, Antonio Gandur, de que esos concursos ya habían sido convocados en noviembre y diciembre, fue el primer tema tratado en la reunión inaugural de 2011 del órgano.

Los consejeros respaldaron la contestación formal de Gandur, en la cual se dejó en evidencia que el llamado a interesados había sido publicada oportunamente por distintos medios como el Boletín Oficial o la página web del CAM.

El aval a ese accionar fue profundizado por el consejero de los abogados de la capital, Antonio Bustamante, quien sostuvo que había una actitud contradictoria por parte de Estofán. "Por un lado expresa su apoyo al accionar del CAM, pero por el otro le intenta marcar una agenda para que se evite ahondar una crisis de la cual este organismo es ajeno. Al mismo tiempo y en paralelo, se observa la revisión judicial de los procesos concursales más allá del límite de la arbitrariedad que prevé el reglamento", afirmó.

El letrado se quejó así de la actividad jurisdiccional de la Corte al entender en planteos formulados por aspirantes a la magistratura en contra del concurso suspendido para cubrir cuatro vocalías de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la capital. Al respecto, hay dos fallos del máximo tribunal, en los planteos de María del Pilar Amenábar y de Raúl Bejas (ver "De Mitri...") y otros cuatro planteos en estudio. El abogado insistió en que la Justicia sólo puede intervenir en casos de irregularidades evidentes.

"Parece que la conformación actual de la Corte quiere constituirse como una especie de órgano de selección de magistrados, inmiscuyéndose en la actividad del CAM, el cual tiene independencia funcional, legitimación procesal para actuar en juicios y presupuesto, y cuya labor sólo puede ser revisada ante situaciones groseras", remarcó Bustamante.

Sin lugar

El clima de tensión con la Corte dominó el resto de la sesión, tal como se notó cuando se resolvió la ampliación de dos a cuatro cargos en el llamado a concurso para cubrir cargos vacantes en juzgados de Familia y Sucesiones.

Los consejeros pidieron información acerca del motivo de convocar a la cobertura de sólo dos despachos en ese fuero, cuando por la Ley 8.360 (dictada el año pasado) se habían creado tres nuevos juzgados. Luego de diversas averiguaciones, se llegó a la conclusión de que la tercera oficina no puede funcionar en los tribunales por falta de espacio, ya que se dispone de presupuesto para designar personal y juez; comprar el mobiliario y el equipamiento, pero se carece de lugar físico.

La misma queja fue formulada por la representante de los magistrados del sur, Mirtha Ibañez de Córdoba, quien lamentó que todavía no funcione el juzgado de Familia y Sucesiones de Monteros por no tener asignadas oficinas. "Su existencia descomprimiría a los tribunales de la capital y de Concepción", remarcó la jueza.