Pero así como es necesario ponderar y valorar el hecho, hay que ubicarlo también en el marco de un proceso que no ha llegado a su fin. Es la manera de no incurrir en nuevos errores. El que se cerró ayer en el Senado es un capítulo muy importante que precede a otros que no lo son menos. Existe una norma que, a la vez que supera ampliamente a la que existía dejando atrás resabios de la dictadura, habilita la construcción de nuevas oportunidades. Y de esto se trata. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual carecerá de sentido si no es acompañada por una política pública en materia de comunicación que, apoyada en la letra aprobada, refuerce el sentido democrático, plural y participativo dándole vida y dinamismo ciudadano. Sin política pública de comunicación no habrá pluralidad, no tendremos diversidad, no existirán nuevos medios y otras voces. En otras palabras: lejos de haber terminado, esto recién empieza.

El análisis político coyuntural (que muchas veces termina siendo cortoplacista) dirá que ganó el Gobierno. Es una manera de decirlo. Se puede coincidir en la afirmación si se tiene en cuenta que además de una victoria parlamentaria, el Gobierno logró abrir el espectro de sus alianzas y sumó en este caso voces de otros que no suelen acompañarlo. Del mismo modo esto último es parte del triunfo para un gobierno que viene saliendo de una derrota electoral. También porque –más allá de lo que digan parte de la oposición y los grupos económicos concentrados que controlan los medios y que resultan directamente afectados en sus intereses– ésta no es "una ley K". Es una ley resultante del esfuerzo y la militancia de muchos actores diversos, algunos reunidos en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y otros que ni siquiera se inscriben en ese marco pero que también aportaron a este logro. Al Gobierno, a este gobierno, hay que reconocerle la audacia de impulsar la iniciativa en circunstancias políticamente difíciles. También la capacidad política de haber aceptado un centenar de cambios en el tratamiento en Diputados. Por eso ganó el Gobierno: porque tuvo amplitud para aceptar correcciones y sumar otras miradas. Y en ese sentido al mismo tiempo ganó la democracia. Ojalá algunos actores gubernamentales aprendan también la lección para otros ejercicios políticos: buscar consensos, sumar a los diversos es una tarea propia e indispensable de la política. Pasado el fragor del debate quizá también haya espacio para reconocer los errores cometidos: en general por la dirigencia política que tardó 26 años en habilitar esta ley y, en particular, por la gestión kirchnerista que como sus predecesores creyó en determinado momento que haciendo concesiones a los poderes mediáticos concentrados correría mejor suerte o podría generar alianzas que la favorecieran. Es el mismo error que ahora siguen cometiendo ciertos dirigentes de la oposición actuando como monaguillos de grupos mediáticos.

En otro sentido ganó la política: la movilización generada en torno del proyecto de ley reinstauró el sentido de la participación, de la movilización, el valor de la incidencia como ejercicio ciudadano en una sociedad que reincide en el descreimiento y la apatía. Este es otro saldo positivo.

Si todas estas cuestiones se comprendieran es indudable que habremos ganado todos.

El desarrollo tecnológico y los cambios de la sociedad en que vivimos hacen que esta ley no sea suficiente ni que absuelva de aplicar correctivos o añadir nuevos capítulos. La norma es perfectible y habrá que seguir debatiendo sobre otros muchos temas. Ojalá con la misma pasión, pero con más apertura de mentes y positivo sentido de construcción.

Pero la norma no surtirá un efecto mágico. Necesita de políticas públicas activas. No habrá más diversidad, más producción nacional y otras voces porque lo dice el texto legal. El Estado y los mismos que hasta ahora lucharon por obtener la sanción de la ley tendrán que seguir trabajando con creatividad para garantizar el derecho a la comunicación de todos y todas. También la oposición política si está dispuesta, como declama, a contribuir a la libertad de expresión y a la comunicación democrática.