En la audiencia, Montenegro entregó un extenso informe técnico, en el que asegura que la convocatoria era ilegal, porque la intención de instalar una planta "de procesado de diuranato de amonio y de producción de dióxido de uranio, ambos tóxicos y radiactivos", implicará "una instalación nuclear" y no solo una instalación química, como aseguran las autoridades de Dioxitek de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de Formosa. La ley provincial 1060, de 1993, prohíbe que se instalen plantas nucleares.

El biólogo hace varias críticas a las "deficiencias" del estudio de impacto ambiental, realizado por la consultora EC & Asociados, al que considera "una desordenada operación de pintar, cortar y pegar, caótica, técnicamente inválida".

Entre las omisiones, sostiene que "no hay ninguna descripción de las características del uranio, ni de sus propiedades toxicológicas y radiológicas".

En el estudio de impacto ambiental, tampoco se describe el proceso de decaimiento del uranio, ni de sus "hijas radiactivas" como Radón 222, Plomo 210 y Radio 226. 

"El uranio y sus hijas son ionizantes y por lo tanto con capacidad oncogénica (producen cáncer). El uranio es un metal tóxico, sobre todo a nivel renal y ionizante", insiste Montenegro, alegando que "no es aceptable, ni científicamente correcto, analizar el impacto ambiental de una planta como Dioxitek, sin evaluar los riesgos sanitarios y ambientales".

"A nivel de radiación ionizante no hay ningún umbral que sea biológicamente inocuo", destaca el biólogo.

"Quienes elaboraron el plan del reactor nuclear y de la planta de uranio, se olvidaron de informar y consultar al Paraguay, país que será afectado, ignorando lo que exigen los convenios internacionales. Ahora les molesta que surjan críticas y oposición desde el Paraguay, como la movilización que hubo en la ciudad de Pilar. Es un signo de esperanza, que nosotros aplaudimos y apoyamos", destaca.