Así lo estimaron en el lanzamiento de la Mesa Interinstitucional por los Pueblos Originarios realizado ayer en la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora fueron relevadas 4 comunidades de 17 que existen en Tucumán.
Hasta que esto suceda, la ley Nº 26.554 prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2013 la suspensión de toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, “cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas”. Sin embargo, pese a lo establecido por esta ley, las órdenes de desalojo por parte de funcionarios judiciales son permanentes.
Este fue una de los puntos centrales que se trataron ayer en el encuentro multisectorial del que, junto a la Defensoría del Pueblo y el INAI, también formaron parte la Secretaría de Derechos Humanos, INADI, ANDHES y el Observatorio de Derechos Humanos.
“Hoy se abre una instancia muy importante en la posibilidad de definir y acompañar políticas que tengan que ver con los pueblos originarios. Lo prioritario es la defensa de sus derechos a la cultura, a la solución de los problemas de tierras, propiedades y desde esta mesa de diálogo en conjunto con ellos, intentar garantizar la defensa estricta de estos derechos", afirmó el ombudsman, Hugo Cabral.
El Defensor del Pueblo adelantó que muy pronto comenzará un relevamiento “que va a ser antropológico, social y topográfico para definir la transferencia de tierras a favor de las comunidades".
“Estamos muy expectantes con esta Mesa ya que por primera vez la Provincia nos reconoce como pueblos. Sentimos que tenemos un espacio junto al Estado donde plantear nuestra problemática”, afirmó a primerafuente, Joaquín Pérez, cacique de la Comunidad India de El Nogalito.
Pérez estimó que el relevamiento contemplado por la ley 26.160 podría reiniciarse en un mes. Aún resta analizarse la situación de 13 comunidades indígenas tucumanas.
Comentá la nota