Un poco más distendido y con mas tiempo que hace una semanas, el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, accedió a contestar alguna consultas de este portal de noticias. Para el funcionario este 2009 en materia de discusión con los sindicatos no fueron malas y que se logró recompensar al trabajador de acuerdo a las posibilidades de la provincia. Entendió y adelantó que para que se repita las viejas discusiones con presiones y malos entendidos, en mediados de enero ya tienen previsto comenzar con la ronda de diálogo con los diferentes gremios docentes.

Con los gremios docentes se iniciará la discusiones teniendo en cuenta que en mediados de febrero ya los docentes comienzan a trabajar y en marzo se inicia el ciclo lectivo. Para Jiménez, las discusiones saláriales que se enfrentarán en el 2010 serán importante y por eso sostiene que es mejor esperar a nivel nacional se realicen primero las recomposiciones y de allí evaluar en base a esos porcentajes ya que les abre las pautas de la discusión real.

Lo que para mucho significaría un dolor de cabeza por la cantidad de personal que se proyecta a que pasen a planta permanente, para el ministro Jiménez es un trámite. Según "pirincho" la titularización a unos 5 mil docentes, el pase a planta permanente de alrededor de 8 mil estatales no significará ninguna erogación. "No va a cambiar ni modificar ningún dinero. Además es una satisfacción para el trabajador. Hasta el animo se le cambia al trabajador que cuenta con mayor tranquilidad", dijo

El funcionario más político después del gobernador José Alperovich dentro de la Casa de Gobierno, consideró que el año próximo al ser un año más cercano al electoral y por sus dimensiones en esta gestión no se cambiará las metodologías de trabajo.

En cuanto a la situación que vienen reclamando en la justicia y por vía política para que los trabajadores de la Secretaría de Trabajo no sean transferidos a otras reparticiones del Estado Jiménez salió a defender la postura oficial al asegurar que mientras no se conculquen y no se afecten las condiciones de trabajo, las jerarquías, el Estado puede como cualquier empresa privada cambiar las funciones o lugar de trabajo de cualquier empleado. "Es legalmente posible y el Estado lo hace actualmente, de acuerdo a las necesidades", indicó.