Los máximos referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Alberto Maguid y Jorge Hoffmann, respectivamente, pegaron enérgicamente el portazo ayer luego de que las autoridades del gobierno provincial pusieran sobre la mesa de negociaciones una oferta del 7% de aumento salarial. Sus interlocutores, el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, y de Economía, Angel Sciara, quedaron balbuceando justificativos que los gremialistas ni siquiera quisieron escuchar, lo que preanuncia un fuerte frente de conflicto.

   Como si esto fuera poco, los ministros anticiparon que hoy formalizarán idéntico ofrecimiento a los maestros y estos se enfurecieron por partida doble (ver página 4). Recriminaron que en el marco de una paritaria ajena se hiciera público el dato y, además, consideraron igualmente inaceptable por exigua a la cifra.

   En rigor, lo que ayer el gobierno no alcanzó a ofrecerles a los empleados estatales, y que hoy llevará a la mesa con los gremios docentes, es una recomposición gradual con un escalonamiento que, a lo largo del año, debería cubrir los índices inflacionarios que surjan y no ser menor al 20 por ciento.

   Precisamente, una recomposición del 20 por ciento habían pedido los gremios estatales que, además, habían dejado trascender cierta disposición a aceptar una gradualidad, aunque condicionada a que la oferta inicial estuviese por encima del cincuenta por ciento del total.

   Sin embargo, esa oferta inicial fue ayer del 7 por ciento a partir de febrero, como todo lo que el gobierno "puede afrontar en función de los recursos que está percibiendo y espera percibir", según explicó Sciara.

   "Las premisas de la negociación siguen siendo las de preservar el salario real de los trabajadores y, en lo posible, mejorarlo; y por otro lado, la convicción de que no debemos endeudarnos para pagar sueldos", abundó el ministro de Economía al término del encuentro, que concluyó antes de lo previsto.

   "La masa salarial total de los tres poderes está por encima de los 7.500 millones de pesos anuales, por lo que cada punto de incremento significa una erogación por encima de los 70 millones de pesos anuales. La propuesta realizada implica unos 50 millones de pesos adicionales mensuales", expuso Sciara.

La reacción.

   "El paro es un derecho sindical, pero estamos dispuestos a seguir dialogando. Eso sí, nos vamos a manejar con la responsabilidad que implica manejar fondos públicos", destacaron por su parte Sciara y Bonfatti.

   Más tarde, el ministro de Gobierno instó a los gremialistas a "actuar con responsabilidad al administrar fondos públicos. Comprendemos que si hay inflación hay que recomponer los salarios. Otorgar un 7 por ciento a partir de febrero, teniendo en cuenta que el costo de vida subió en enero un 1,5 por ciento, según el Ipec (Instituto Provincial de Estadística y Censos), significa que estamos anticipando inflación", señaló.

   No obstante, esa explicación no convenció demasiado a los referentes gremiales, quienes ya las descartaron de plano y las tildaron de "poco serias" e "inaceptables". Hoy será el turno de los docentes y se empezará a dilucidar si el 1º de marzo empiezan las clases.

"Esto no es serio. Esperábamos otra cosa. El porcentaje de aumento ofrecido no es una base para seguir discutiendo nada", enfatizó Hoffmann. Y en la misma sintonía se expresó Maguid, quien consideró que "este aumento es pésimo. Para muchos compañeros va a representar 80 pesos. No les alcanza ni para pagar la boleta del impuesto inmobiliario", sentenció. l