Sería cercano al 12 % y las discusiones comienzan en pocos días. La proximidad de los comicios, que obligará a apurar la obra pública, y el ajustado presupuesto no permitirían subas mayores. Detalles.
Las primeras proyecciones ya están sobre el despacho del gobernador Celso Jaque, y muestran que para un incremento de 12 por ciento, la provincia necesita sumar 190 millones de pesos al ajustado presupuesto. Así, si la propuesta se materializa, los asalariados del sector público lograrían en promedio un 24 por ciento promedio de suba este año, una cifra que ya se les autorizó a los docentes aunque de manera escalonada.
El 12, aunque por mera coincidencia, será un número clave en las paritarias. El 12 de mayo comienzan las negociaciones en el ámbito paritario y 12 por ciento es, en promedio, el incremento que la Provincia estaría dispuesta a afrontar (que se sumaría al acordado desde el 1 de enero), aunque esto se definirá en la mesa negociadora que se conformará para cada sector.
Concretamente, se sabe que cada 10 por ciento de suba, se suman 160 millones a la pauta, y si bien la definición resultará de las discusiones paritarias y en base a la combatividad que muestren los gremios, la Provincia no estaría en condiciones de afrontar subas más altas.
El 12 por ciento promedio en el que se está pensando resultaría en un 24 por ciento total, aunque para los sectores con sueldos más bajos, la suba podría impactar de modo más fuerte. Esto porque al aumento que se dio en enero -las subas dependieron de las categorías y los gremios, y fueron desde el 12 hasta el 15 por ciento con un grueso del 13 como el que significó la gran masa de la Administración Central- se agregaría este nuevo porcentaje.
La idea es seguir con la política de equiparación salarial que se fijó desde 2008 intentando subir los salarios más deprimidos para achicar la brecha generada por aumentos igualitarios para todas las categorías.
Ese número está algo lejos de las pretensiones gremiales, porque los principales sindicatos advierten que pretenden entre 35 y 40 por ciento de aumento para cerrar este año. Y es algo inferior también a los acuerdos estatales nacionales, porque en general el sector oficial ha firmado por entre 25 y 27 por ciento de aumento.
El porcentaje total del año en el que piensa el Gobierno se acerca a lo que ya se firmó con el sector docente. Si bien en febrero, cuando se selló el acuerdo con el SUTE, que representa a casi 40 mil estatales, se habló de un 29 por ciento de aumento, esto sólo se dio en aquellos docentes que recién se inician o tienen poca antigüedad y en promedio la suba resultó del 24, según marcó el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni. Sólo en este sector se invirtieron 450 millones anuales que no estaban presupuestados.
Las negociaciones están en manos del nuevo titular de Gobierno, Félix González y del subsecretario de Hacienda, Mario Granado. Tras la salida de Mario Adaro, en el Ejecutivo apuestan a un diálogo más fluido con los principales gremios que en 2010 protagonizaron una dura batalla, dejando paralizada la salud pública y otros servicios esenciales durante varias semanas.
Para esto se mira exhaustivamente el movimiento de los ingresos provinciales y nacionales, que tuvieron un crecimiento promedio de 22 por ciento en los primeros tres meses del año. Pero la lupa está puesta sobre la recaudación local, porque en enero y febrero se observó poco crecimiento y donde se vio mayor incremento fue en los recursos federales girados a Mendoza.
Cerroni apuntó a la tardanza en enviar algunos las boletas de los impuestos automotor e inmobiliario por las demoras en la aprobación de la Ley Impositiva por parte de la Legislatura. Sin embargo, en marzo se vio una tendencia alcista que entusiasmó al ministerio de las cuentas.
Por este aumento en la recaudación se ha logrado un ahorro de 75 millones de pesos, según advirtió Cerroni, en diálogo con Los Andes. "Estamos monitoreando día a día los ingresos y esto porque en marzo debimos desembolsar 60 millones de pesos que no estaban en la pauta para pagar el retroactivo a los docentes".
Responsabilidad fiscal
La nueva negociación salarial no podrá extenderse demasiado y esto porque hay dos plazos que deben cumplirse para no saltear las restricciones impuestas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El primero es que seis meses antes de las elecciones deben suspenderse los nombramientos y el segundo fija que las subas salariales pueden darse hasta tres meses antes de cada acto electoral. Con respecto a los nombramientos, ya hay gremios que han demostrado malestar porque no se están cumpliendo tal como estaba previsto el calendario.
Una de las áreas más afectadas por este incumplimiento es Salud y los sindicatos han pedido varias reuniones con el ministro de esa área, Juan Carlos Behler, que podrían concretarse en los próximos días.
Tras sortear los obstáculos que provocó la definición de candidaturas para competir en los comicios y que dejó heridas abiertas dentro del propio justicialismo, Jaque deberá definir lo que en los próximos días será clave para continuar la gestión sin demasiados sobresaltos hasta diciembre.
Comentá la nota