En los primeros días de febrero -tras la feria judicial- el equipo de fiscales federales chaqueños estaría en condiciones de presentar los requerimientos contra los presuntos responsables de la sublevación policial y los saqueos que tuvieron lugar durante el mes de diciembre de 2013 en la provincia del Chaco. En ese marco, se pudo saber que las imputaciones apuntarían no sólo a agentes policiales por el presunto delito de sedición, para el cuál el Código Penal Argentino prevé penas que van de 1 a 6 años de prisión, justificando además la competencia federal. Los procesamientos incluirían, además, a otros ciudadanos –no policías- como instigadores de los saqueos.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, los testigos habrían identificado a los cabecillas de la revuelta y se pudo constatar que se utilizaron bienes del Estado y que no se garantizaron los servicios mínimos, a la vez que se impidió a los agentes que no se sumaron a la protesta el uso de automóviles, patrulleros, escopetas y chalecos. También constarían en la investigación del Ministerio Público Fiscal los destrozos en la Comisaría Segunda de Resistencia porque los agentes no se plegaron a la rebelión y en la sede de la Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco, que se convirtió en uno de los puntos de concentración de los policías autocuartelados y es donde se firmó el “acuerdo” con el exministro de Gobierno, Marcos Verbeek.

Sobre el delito de sedición

El Título X del Código Penal argentino se titula “Delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional” y comprende los artículos 226 a 236. En el capítulo primero se prescribe sobre los atentados al orden constitucional y a la vida democrática, y el capítulo segundo, que incluye los artículos 229 y 230, trata del delito de sedición.