Con la presencia nuevamente en Rojas del penalista Carlos Torrens, comenzaron a desarrollarse ayer las primeras diligencias procesales en el marco de la instancia penal en la cual se intenta dilucidar las responsabilidades inherentes a las maniobras perpetradas en perjuicio de más de un centenar de afiliados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rojas, a través de la gestión y contratación de créditos personales mediante entidades mutuales.

Torrens, como se sabe, representa en esta instancia al Sindicato de Trabajadores Municipales, y ha venido trabajando en profundidad en la preparación de la documentación necesaria para fundamentar una denuncia penal por defraudación en concurso real.

En este sentido, el prestigioso penalista, si bien se excusó ayer de formular mayores declaraciones hasta que no se hayan sustanciado todas las diligencias programadas, le indicó a este diario que, de avanzar todo según las previsiones, "en breve podría haber importantes novedades".

Torrens se constituyó ayer en la sede de la ayudantía fiscal de este distrito, acompañado del secretario general del gremio municipal, Macario Navarro, y subrayó que se logró llegar a esta instancia, que juzgó decisiva, fundamentalmente "por el gran trabajo realizado" por el titular del STM. Asimismo, ponderó la predisposición que ha manifestado en todo este complejo proceso la Dra. Nora Fridblatt, ayudante fiscal de esta ciudad.

Como ya hemos explicado, y aunque sea de público conocimiento, vale la pena recordarlo, un número indeterminado de afiliados del STM -podrían ser entre ciento veinte o más- resultó perjudicado por un monto total millonario -se habla de aproximadamente dos millones de pesos- mediante la contratación de créditos personales a entidades mutuales.

En algunos casos, tales créditos habían sido tomados sin conocimiento de los interesados. En otros, los créditos existían pero en tanto que un afiliado contrataba una suma determinada, el gestor, a sus espaldas duplicaba o triplicaba la cantidad. En uno y otro caso las maniobras saltaron cuando llegaron los descuentos en sus respectivos haberes.

Esta situación detonó en varios frentes, prácticamente de manera simultánea. Literalmente hizo quebrar económica y financieramente al STM, al margen de generar un problema institucional de suma gravedad; además, originó problemas de funcionamiento de todo tipo, además de producirse numerosas desafiliaciones.

Con esta complicadísima situación, la conducción que encabeza Navarro ha tenido que lidiar duramente para, primero, generar un proceso de normalización institucional, y luego, para abocarse en profundidad al objetivo central: aclarar la situación de cada afiliado perjudicado por dichas maniobras, establecer fehacientemente qué se debe y qué no se debe pagar y, por último, deslindar las responsabilidades, ya en términos penales, que fuera menester.

Evidentemente, ayer se ha dado un primer paso importante en ese cometido. Torrens, si bien admitió la complejidad del proceso, no dejó de traslucir un concreto grado de confianza a ese respecto.

Es que, justamente, y más allá de cualquier otra consideración, es evidente que lo fundamental es que los trabajadores perjudicados reciban justicia.