La fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos imputó por asociación ilícita a los cuatro empleados del Ministerio de Hacienda involucrados en la estafa millonaria contra el Estado. Además detuvo a uno de ellos, Marcelo Martorell, ex tesorero de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI).

Junto a Martorell quedaron imputados el protesorero José Acuña y la directora de administración y la subdirectora, María Florinda Rubio y Soledad Pastrana. Todos formaban parte de la UFI, perteneciente al Ministerio de Hacienda y encargada de conseguir préstamos para obras en la provincia, desviaba, aparentemente, fondos a cuentas de particulares en vez de hacer los pagos correspondientes a los proveedores y empresas.

Ríos en los últimos días recolectó datos clave para el avance de la causa. Esas pruebas fueron suficientes para imputar a los funcionarios, y detener a uno de ellos.

Según la denuncia original hecha por el Gobierno de la provincia, se detectó un faltante de 850 mil pesos, que sería producto de un desvío de fondos y de cheques que fueron a parar a cuentas de particulares y no de proveedores.

Desde hace tiempo, varios trabajadores vinculados con la UFI sabían que había movimientos extraños, pero nunca sospecharon que se trataba de una suerte de estafa a gran escala.

Al parecer, el sistema de control informático, que debería ser abierto según las normativas del Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar la transparencia, tenía acceso limitado en Mendoza. No todos tenía la misma jerarquía, pero sí había un grupo selecto que podía ver todo lo que ocurría en esas cuentas. Por eso, uno de los objetivos de la investigación es determinar quién estaba a cargo de los controles