“Ya planteamos el extravagante sub-registro de las estadísticas policiales en materia de delitos denunciados, como también sus nefastas consecuencias. Llegamos a tal conclusión comparando los datos procesados por la División de Estadísticas de la Jefatura de Policía y por el Área de Estadística del Poder Judicial”, comienza planteando en Centro Mandela en un informe sobre la estadística criminal del Chaco en los años 2011 y 2012.

Basa el mismo con información elaborada por la Justicia la que contiene un 156% más de delitos denunciados que los registrados por la Policía, tomando como base el promedio de los hechos delictuosos de 2011 y 2012.

“Este dato no es menor porque puso aún más en evidencia el pésimo funcionamiento del sistema de seguridad pública y al descubierto uno de los grandes defectos de la gestión oficial, que toma como válida la información parcializada brindada por la policía, ponderándola exageradamente y distribuyéndola a la opinión pública a través de la propaganda y de la publicidad oficial. Mientras tanto, en los últimos años aumentó extraordinariamente el número de hechos delictivos”, agrega.

El Centro Mandela hace tal denuncia marcando que según el poder judicial en el 2011 se registró 56.897 delitos y en 2012 se produjo un pico de 66.628 hechos, a nivel global en el total provincial, alcanzándose el record en la tasa de delitos con 631,5 por cada 10.000 habitantes. La variación interanual fue del 17% y el promedio de denuncias diarias fue de 182 hechos en 2012, sin considerar las cifras negras de la criminalidad y la victimización familiar.

Contrariamente, -agrega- la Policía informó que en la provincia durante el 2011 se produjeron 22.393 delitos y 25.925 en el 2012, que hasta fueron inferiores al total de hechos que se produjeron en el área metropolitana en tales años.

“Solamente este dato constituye un ejemplo cabal de la magnitud de los errores de las estadísticas de la policía”, dice el Centro Mandela al dejar al descubierto que entre una estadística y la otra hay 40.703 casos de delitos que no están registrados.

Adelante que en los próximos días ampliará información con las estadísticas criminales de los dos conglomerados con mayor número de habitantes de la provincia (Gran Resistencia y Sáenz Peña), con un análisis de las posibles causas del extraordinario aumento en el nivel de delitos.

Fallas de integración y de unificación del sistema de estadísticas criminales

En el sistema penal chaqueño interactúan tres componentes básicos, que son la policía administrativa que actúa como auxiliar de la justicia, el fuero penal del poder judicial y el servicio penitenciario. En este esquema tradicional, para que el sistema funcione eficientemente y se cumplan los objetivos institucionales, las partes deben interrelacionarse y la información producida debe integrarse y unificarse de manera que fluya sin limitaciones y sea accesible al mismo tiempo.

“Pero esto último no ocurre en la práctica porque los tres componentes funcionan como compartimientos estancos, sin integración de la información criminal oficial, lo cual es inadmisible para la actual etapa de notable avances de las tecnologías de la información y el funcionamiento de redes informáticas”, plantea el centro de estudio social.

Agrega además que “el desarrollo de software propio en cada organización impidió la implementación de un sistema único e integrado de estadísticas criminales que permitiera registrar todas las etapas del proceso. Cada una de las partes define su propio sistema de información, con características propias en la registración, compilación y reportes”.

En este esquema, considera que “la Policía continúa funcionando en forma autónoma, sin tomar en cuenta las denuncias de hechos delictuosos que -en número cada vez mayor- ingresan directamente al fuero penal, sin pasar por las comisarías y demás unidades policiales. De esta forma surge el sub-registro de hechos delictuosos, el procesamiento y los reportes incompletos que se utilizan para el diseño y evaluación de los planes operativos policiales y de las políticas públicas de seguridad, que evidentemente se realizan sobre la base de premisas erróneas o falsas”.

“El pendiente proceso de unificación e integración de las estadísticas criminales en el sistema penal debería comprender, entre otros aspectos, la aplicación de un criterio único para el diseño de los campos del registro, de la asignación temporal y espacial de los hechos, del modo de conteo de los delitos y del nivel de desagregación de la información”, entiende el Centro Mandela.

El centro de estudios social aporta que para corregir esto “se debería establecer la unificación de la división territorial, de modo tal que no existan diferencias como en la actualidad entre las circunscripciones judiciales y las zonas policiales, lo que impide el cruzamiento de datos e información”.

“También se debería implementar la geo-referenciación de los hechos delictuosos a los fines del mapeo digital, que permitiría identificar con precisión zonas calientes, puntos críticos, proyección de delitos, integración de información criminal por diversas capas y un sinnúmero de opciones que ofrecen hoy las tecnologías disponibles. Por cierto que el atraso en este campo es enorme y habría que poner a trabajar a equipos técnicos multidisciplinarios del estado, no solamente de la policía, del servicio penitenciario y del poder judicial, convocándose a los sectores extra-estatal para tratar de acortar el valioso tiempo perdido de tantos años de relación interinstitucional que no supo construir un sistema de estadísticas criminales integrado y confiable”, acota.