El tiempo y la impunidad son los dos grandes enemigos que han tenido los organismos de derechos humanos a la hora de los juicios por delitos de lesa humanidad. En Mendoza tardaron 34 años, desde el momento del golpe de Estado, en comenzar los debates. El paso del tiempo sigue creando dificultades. El juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en Mendoza comenzó el 17 de noviembre con diez acusados y, antes de llegar a fin de año, dos de ellos ya no estaban por razones de salud.

Se trata de Armando Fernández y Juan Pablo Saá, quien finalmente falleció. Ahora, el que está con un estado de salud que provocaría su separación del debate es el interventor Tamer Yapur, quien, con su separación, provocaría la caída de 11 de las 17 causas que lleva adelante el tribunal. Si bien los magistrados se encuentran a la espera de que las partes presenten sus respuestas al informe médico de los peritos de la Corte Suprema de la Nación, las posibilidades de que Yapur permanezca en el juicio son muy pocas.

Según los peritos de la Corte que lo revisaron la semana pasada, Yapur presenta un estado avanzado de demencia senil y de incontinencia, lo que haría que fuese inimputable, ya que no tendría capacidad para defenderse de los cargos por los que se lo acusa. Si Yapur llegase a ser suspendido, en los próximos días se caerían del juicio 11 causas que contienen 16 desapariciones.

Algunas de estas causas han podido ser revisadas, al menos en parte, durante el juicio, lo que permitiría que, a raíz de las compulsas ordenadas por el tribunal, sobre la base de nuevas pruebas o testimonios, el Juzgado Federal de Walter Bento las instruyera nuevamente en búsqueda de nuevos sospechosos, lo que posibilitaría que pudiesen ser llevadas nuevamente a juicio.

Asimismo, en las causas en las que Yapur está acusado y que se podrían caer del debate también está imputado Luciano Benjamín Menéndez, que aguarda su oportunidad de ser llevado a juicio en Mendoza mientras recorre otras provincias como acusado de delitos de lesa humanidad. Finalmente, en las causas que no han sido mencionadas en el debate, serán los querellantes los que deberán pedir la instrucción en busca de nuevos sospechosos.

Justamente, Pablo Salinas, representante del MEDH, adelantó que solicitará que un médico asignado por la querella lo revise. En tanto, ayer declararon dos testigos. Dora de Marinis y Elvio Villafañe, ambos familiares de Lidia de Marinis, secuestrada el 3 de junio de 1976 y, posteriormente, desaparecida. Según explicó De Marinis, hermana de la víctima, poco antes del secuestro de Lidia, un grupo de hombres irrumpió en su casa preguntando por ella y, luego de interrogarla, se retiró.

Al amanecer, la madre de ambas jóvenes apareció en su hogar y le dijo que Lidia había sido secuestrada. En tanto, Villafañe recordó que, en una oportunidad, habló con un policía que le mostró el expediente de su cuñada y en la contratapa había una cruz roja, lo que significaba que la joven se encontraba ya sin vida.