Dos casos de violencia de género ocurridos en los últimos días entre parejas de policías de Maipú y Malargúe obligaron a revisar qué tan frecuente es este tipo de violencia y discriminación puertas adentro de las fuerzas de seguridad. La respuesta no deja de alarmar: el Estado mendocino acumula ya ocho demandas de policías mujeres que denunciaron haber sido víctimas de discriminación institucional. Reuniendo las diversas demandas, las arcas mendocinas podrían tener que desembolsar cerca de $1 millón para resarcir a esas uniformadas.

Casos de efectivas que fueron obligadas a participar en reuniones con sus colegas varones en habitaciones en donde ellos se desnudaban completamente, policías que deberían ascender de rango y por el solo hecho de ser mujeres no lo consiguieron, uniformadas a las que les dieron licencia psicológica y pasaron a disponibilidad sin razones reales y por los tanto hace cuatro años que no cobran un peso u oficiales que quisieron denunciar casos de discriminación de algún compañero o jefe y no encontraron a nadie que les quisiera tomar la denuncia o este papel murió en algún basurero. Todos estos casos –y seguramente otros más de los que no existen constancia– ocurrieron puertas adentro de alguna comisaría o penitenciaría mendocina y se enmarcan en lo que se denomina violencia de género institucional, penada por la ley Nº26.485, que se sancionó el año pasado y prevé la protección de la mujer.

“La violencia institucional se ejerce de varias formas. Muchos policías violentan a sus compañeras no sólo con el maltrato físico, sino que también las acosan sexualmente o apelan a la violencia psicológica o simbólica. Una de las policías que represento me contó que, cuando ella llegó a cierta división de la Policía, sus colegas, todos con más antigüedad que ella en la fuerza, se la sortearon. Cuando le pregunté qué significaba eso, me contestó que ellos se sorteaban quién tendría relaciones sexuales con ella. Después se inicia el proceso: el sorteado pide tener sus mismas guardias o ser su compañero de móvil, y si la trasladan, pide ir a la misma comisaría. Si ella se niega, eso se sabe y se lo hacen pagar trasladándola al peor destino y, cada tanto, el sorteado la va a buscar como para hacerle entender que si quiere salir de ahí ya sabe cuál es el precio”, cuenta Carolina Jacky, la abogada que se inició representando a Paola Legay, una bombera que denunció violentos casos de discriminación, y hoy lleva adelante las ocho demandas que ya tiene el Estado mendocino en esta materia.

De esos casos, la Justicia ya le hizo lugar al reclamo de Jacky en dos. Tras la demanda que presentó por el caso de la ex bombera Legay, quien pasó por un peregrinaje desde el 2006 y está a punto de recibirse de licenciada en psicología, consiguió que fuera adscripta a Radio Nacional, en donde es coordinadora de la Biblioteca Pública Arturo Roig.

En cambio, por la demanda iniciada por la principal Sandra Flores quien también denunció discriminación porque no le permitían ascender a su rango sólo por ser mujer

–debería ser comisario y sólo llegó a principal- y pasó cuatro años sin cobrar un peso, por orden judicial debió ser reincorporada a la fuerza en setiembre, pero aún sigue sin percibir su sueldo “porque se traspapeló su legajo”.