Ante la pretensión de la empresa Edecat de demandar a la Provincia por la intervención y posterior rescisión del contrato, desde el actual Gobierno, a cargo de Lucía Corpacci, se advirtió que una vez notificado procederá con las acciones necesarios, alertando que se defenderán los intereses de la provincia, sin olvidar “que la misma IATE S.A., principal accionista de Edecat sostuvo que sus propios miembros habían vaciado la empresa”, apuntó.

Mediante conferencia de prensa, el fiscal de Estado observó que “hubo elementos suficientes para que la concesión fuera rescindida”, remarcando además que, como provincia “nos hemos quedado con la deuda, el mal servicio, con la absoluta falta de inversión, las denuncias por estafa, la administración fraudulenta y el vaciamiento de la empresa”.

“Sería bastante irregular por parte de cualquier Tribunal que acepte que el Estado indemnice a empresarios que ellos mismos dicen que robaron la plata y vaciaron la empresa”, subrayó Bertorello, enfatizando que si a alguien hay que indemnizar en esta situación es al Estado”, por el pésimo servicio, desinversión y daños que dejó la empresa Edecat.

Recuperación de dinero

En otro orden, Bertorello hizo alusión al pago de $ 8 millones de más otorgados a la empresa encargada de la obra Ampajango en el departamento Santa María, y consideró que ya está dada la orden para iniciar la demanda para la recuperación de esta suma de dinero.

“Connivencia, permisividad y tolerancia cómplice”

Como fue publicado oportunamente por LA UNION, el funcionario provincial reiteró una cierta “connivencia” y responsabilidades compartidas entre el anterior Gobierno y la entonces empresa prestataria. “Estamos hablando de una empresa que permanentemente fue defraudando en cada una de las empresas que estuvieron”, declaró el fiscal Bertorello, apuntando que también se marca una conducta permisiva por parte de funcionarios que tenían en sus manos el control y no lo hicieron.

“La permisividad y tolerancia cómplice para permitir que se desvíen fondos, que no hagan las inversiones y el incumplimiento de las inversiones pautas y del servicio, sin ninguna duda tiene responsabilidades”, planteó, al tiempo de remarcar que “si hay vaciamiento, desinversión y desviación de fondos, no puede escaparle al Estado, quien tiene la obligación legal ineludible de controlar”.

Deudas de la empresa con la provincia

Durante las declaraciones a la prensa, el fiscal de Estado Carlos Bertorello recordó que “existen varios procesos judiciales en curso, entre ellos para cobrar $ 50 millones de un préstamo que se le hizo a la empresa intervenida, para pagar el suministro eléctrico y no lo devolvió y otra deuda de aproximadamente 15 millones de pesos que se deben por Ingresos Brutos de ambas gestiones, tanto pública como privada”.