La Provincia tomó efectiva posesión ayer de un campo que perteneciera al ex senador provincial justicialista Mario Alberto Yedro, y que le fuera decomisado en 2005 como parte de una condena por enriquecimiento ilícito. El valor que se estima tiene ese predio supera los 7 millones de dólares.

En compañía de Alberto Humberto Sippel, juez de Paz de Maciá, –departamento Tala–; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dio efectivo cumplimiento al dictamen producido el 13 del actual por la titular del Juzgado de Instrucción de Rosario del Tala, Noelia Viviana Ríos, que ordenó el inmediato desalojo de la chacra, y la toma de posesión del predio por parte de la provincia.

La jueza Ríos, sin embargo, aceptó un pedido que le había hecho el propio Yedro y le otorgó un plazo de 60 días, que empezaron a correr ayer, para que el condenado ex senador provincial pueda sacar sus 1.200 cabezas de ganado y sus 80 caballos, además de trillar la soja sembrada.

Hasta ayer las reses y los equinos del ex senador se mantenían, orondos, pastando en campo ajeno. También relucía la soja sembrada, y la maquinaria agrícola que el ex legislador, convertido ahora en chacarero, utiliza para las tareas de laboreo y cosecha.

La condena. El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito al ex senador provincial Mario Alberto Yedro, y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso un campo de su propiedad.

Ese campo, de 2.164 hectáreas, ubicado en Raíces Norte, en el departamento Tala, había sido adquirido a un valor original de 800 mil dólares, pero ahora tendría una cotización superior a los 7 millones de dólares. Aquella condena quitó ese bien de los activos del ex senador Yedro –ocupó una banca en la Cámara Alta entre 1987 y 1991, y entre 1996 y 1999, y antes fue concejal en Concordia– y lo puso en manos de la provincia, para su administración.

La Provincia recién la comenzó a administrar en 2008 pero hubo una especie de uso compartido, hasta que Yedro reclamó a la Justicia en septiembre de 2010 que ese campo le fuera devuelto. Fue a través de un recurso judicial de acción reivindicativa, que presentó ante el titular del Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala, Gastón Agotegaray. Argumentó que la Justicia lo condenó a él por enriquecimiento ilícito, pero terminó condenando a un "tercero", la sociedad Delrubio y Hunmendi, propiedad del campo en litigio.

Esa sociedad está integrada, además de Yedro, por sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte del consorcio en 2003, tras la separación del ex legislador de su esposa, Silvia Torres. Esta última cedió a sus hijas –en forma gratuita– su participación accionaria. El 3 de abril de 2003, y ante escribano público, Yedro y Torres, hicieron el reparto de bienes; el mismo día y ante el mismo escribano, Daniel Corsini, la mujer donó a sus hijas su participación accionaria en la empresa.

Para la Justicia, la compra de aquel campo en Distrito Raíces Norte, departamento Tala, sumado a la compra de un predio de 91 hectáreas en Puerto Yeruá, departamento Concordia, y la apertura de una cuenta bancaria en la República Oriental del Uruguay, constituyeron actos de "enriquecimiento ilícito insuficientemente justificados".

Yedro opuso otro razonamiento. Cuando el año último pidió la devolución del predio decomisado, sostuvo que la condena judicial recayó sobre el "socio gerente" y no sobre la sociedad propietaria del campo, lo que convierte a sus socios en "terceros no responsables".

Aplazamiento. Esa presentación de Yedro abrió un nuevo frente de batalla judicial. El procurador General Jorge Amílcar García ordenó al fiscal de Rosario del Tala, Samuel Elbio Rojkin, que interpusiera una denuncia por los supuestos delitos de "usurpación", al ocupar un campo que había dejado de ser de su propiedad, y además por "estafa procesal", al iniciar una demanda de devolución de un campo que había sido quitado en el marco de una sentencia judicial.

Antes, el ex legislador había llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un recurso de queja, pretendiendo dejar sin efecto la condena que había recaído en su contra en los tribunales provinciales. Ese recurso todavía no se ha resuelto. En medio, la Justicia de Rosario del Tala apuró el cumplimiento de la sentencia judicial de 2005 que ordenó quitarle el campo de Raíces Norte.

La medida, sin embargo, fue pospuesta una y otra vez. La última resolución judicial accedió a otorgarle un plazo de 60 días para concretar la mudanza. La jueza Ríos se hizo eco de los contratiempos con los que se topó el ex senador para reubicar sus animales: dijo que en la zona no hay campos disponibles para la ganadería, y además que antes de sacarlos, debe proceder a marcarlos a todos y cada uno, y así evitar algún tipo de entredicho con el Senasa.

La magistrada, al disponer el "inmediato desalojo del campo", otorgó un plazo de 60 días "a fin de que se proceda a la paulatina desocupación de los dependientes, semovientes y demás bienes muebles de propiedad" de Yedro.

El ex senador confía en recuperar el bien

El ex senador Mario Alberto Yedro se mostró confiado en que la salida de su campo de Raíces Norte será temporaria: aspira a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dé la razón en su recurso de queja, y que aquel fallo en su contra por enriquecimiento ilícito de la Justicia entrerriana quedará en nada. Se lo hizo saber al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, cuando este cumplió ayer al mediodía la diligencia de toma de posesión de un campo que, por ahora, no tiene destino definido. "El trámite se pudo cumplir sin ningún tipo de problemas. Nos atendió él mismo, en persona. De todos modos, defendió su posición. Dijo que el campo no es de él, sino de una sociedad que integra", dijo Rodríguez Signes a EL DIARIO. En realidad, la causa Yedro parece un puzzle: hay denuncias cruzadas y distintas actuaciones en trámite. A la sentencia de la Cámara de Concordia, en 2005, le siguió un recurso de queja, sin resolución todavía, en la CSJ de la Nación. En 2010, se sumó una acción reivindicativa en los Tribunales de Rosario del Tala, que tampoco se definió; y por una tercera vía, se tramita la denuncia de la Procuración General, que le endilga los delitos de usurpación, por no haber desocupado el campo que le quitó la Justicia, y estafa procesal, al pretender incumplir un fallo. Del diálogo que mantuvo Yedro ayer con los funcionarios que cumplieron con el trámite formal de toma de posesión, surgió la postura que sostiene el ex legislador: aspira que antes de que se cumplan los 60 días que le dio la Justicia para irse pueda conocerse un dictamen de la Corte. En ese marco, la provincia todavía no resolvió qué destino darle al campo que ahora está bajo administración del Estado. "Habrá que esperar a que lo desocupe totalmente para pensar en algún destino", dijo Rodríguez Signes a EL DIARIO. "Calculo que vamos a darlo en comodato, pero no sé si a una Municipalidad, a un hospital o a una fundación. De lo que sí estamos seguros es que no lo vamos a dejar en estado de a abandono", señaló.

Recuperan la isla que vendió Di Bello

La Provincia tomó posesión efectiva de las 13 mil hectáreas de tierra ubicadas en las islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay, vendidas ilegítimamente a un privado por el ex gobernador de facto brigadier Rubén Daniel Di Bello en 1978.

"El acto es de suma importancia para la provincia, ya que los terrenos están ubicados estratégicamente frente al Puerto Ibicuy, lo que implica un enorme potencial para el transporte marítimo, como así también para el futuro desarrollo turístico de la zona y de otras actividades productivas y rentables para la provincia", señaló el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Las tierras recuperadas a través de la toma de posesión están ubicadas en la sección identificada como F Norte y parte de la península, las que fueron vendidas indebidamente por el gobernador de facto Rubén Daniel Bi Bello. La provincia, oportunamente, declaró lesiva la venta y procederá a iniciar las actuaciones judiciales correspondientes para recuperar esas tierras de dominio público.

En 1978, cuando gobernaba Entre Ríos el brigadier Rubén Daniel Di Bello, la Provincia puso a la venta vastas extensiones de tierras en el sur de la provincia, sin cumplir con los pasos legales. Y con algunos errores por parte de los compradores: las tierras nunca fueron escrituradas.

El Estado concretó esa enajenación a través del decreto N° 2.319/78, que en septiembre de 2010 el Poder Ejecutivo declaró "lesivo a los intereses públicos y al orden público", y recomendó a la Fiscalía de Estado la presentación de una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), de modo de conseguir la nulidad de un acto administrativo dispuesto por el propio Estado.

La historia de esa anulación empezó de modo casual: en julio de 2009 el empresario santafesino Daniel Rey, socio gerente de la firma Agencia Marítima El Hauar, hizo un pedido al Estado para usar una franja costera de 100 metros de ancho por 1.000 metros de largo, sobre la margen del río Ibicuy, para construir un atracadero de barcazas.

Cuando se empezó a investigar en la Dirección de Tierras Fiscales respecto de la situación catastral de ese predio, se descubrió que formaba parte de un lote mayor, de 13 mil hectáreas, que había sido puesto a la venta en 1978 por Di Bello, y adquirido por un privado.

Pero la operación no se había cerrado del todo; nunca fue escriturado por los particulares que se presentaron como compradores, y por lo tanto siguió bajo dominio público.