Puy Soria informó que convocados por los vecinos mantuvieron una reunión “ante una problemática planteada en el sector que tiene que ver con la venta de algunos lotes que se hicieron e instancias judiciales que se presentaron”. En ese sentido, dijo que desde la Secretaría de Tierras, que es un área de ordenamiento territorial, “en el marco de nuestras posibilidades vamos a poder ordenar en el territorio las dificultades que plantean las familias, sobre todo quienes tienen consolidadas la posesión y viven en la incertidumbre de estas disputas judiciales de no saber qué va a ocurrir con su futuro”. “Es ahí donde el Estado va a intervenir sin perjudicar a nadie, solamente para defender los derechos de quienes tienen las posesiones materializadas en el terreno”, enfatizó.

El funcionario dijo que son alrededor de 200 las familias que adquirieron terrenos ubicados en dos fracciones dividas por la ruta 38. “En una oportunidad el Estado provincial supo expropiar una superficie de 14 hectáreas porque persistían estas situaciones de conflicto. A modo de ejemplo, un lote había sido vendido a cinco personas distintas y no se podía avanzar en el tiempo con estas situaciones de desigualdad en donde se constituían verdaderos negocios inmobiliarios de venta de tierras y sin servicios, que es algo que está prohibido por la ley de Catastro y la ordenanza municipal”, indicó. Ante esto, manifestó que se trata de situaciones que desde el Estado “queremos ayudar para que entre todos busquemos la solución”.

Por su parte, el secretario Alberto Paredes Urquiza dijo que “a lo largo de la provincia durante muchos años hubo una intensa problemática en torno a la titularidad de las tierras, que el gobernador ha priorizado como uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista jurídico político institucional, para que haya seguridad jurídica, tanto a nivel de productores como de quienes necesitan un terreno para edificar su casa”.

Respecto a la reunión concretada en esta oportunidad, dio a conocer que el pedido que le transmitieron las familias afectadas se basa en la necesidad de la intervención del Estado para llevarles tranquilidad y protección “ante el avance desmedido e injustificado de quienes aducen o se creen titulares de esas tierras”.

“La intención es regularizar, no desconocer el derecho de nadie, pero que las cosas sean conformes la ley y la justicia lo determinan. Colaborar con la inquietud de los vecinos ha sido nuestra tarea”, indicó.

Asimismo, aclaró que “esta situación no es de quienes ocupan un terreno que a sabiendas no es de ellos, estas son situaciones de personas que han comprado de buena fe, pero que hay disputas judiciales respecto de la titularidad de los terrenos”. “En esto el Estado va a intervenir para tratar de colaborar para el saneamiento definitivo de la situación”, aseguró.