La Procuración General del Tesoro ayer motorizó un juicio de ejecución en contra del contador Jorge Enrique Fuhr y de un hijo, a quienes el Estado exige la devolución de más de 50.000.000 de pesos por “evasión de impuestos”.

Así lo confirmó un alto funcionario, añadiendo que ha sido requerida celeridad, más la habilitación de días y horas, teniendo en cuenta que la Justicia se encuetra de feria.

El mismo vocero adelantó que el proceso fue ingresado por el Juzgado de Ejecución Fiscal, a cargo de la doctora Susana Beatriz Piga de Ledesma.

Detalles del caso

Una vez que sean cumplidos los requisitos formales, la magistrada dispondrá medidas vitales, trascendió ayer en tribunales.

Los primero sería requerir un informe al Registro de la Propiedad, a fin de establecer la situación patrimonial de Fuhr.

Vale destacar que el Estado lo investigó y concluyó en que habría omitido pagar impuestos por más de $ 4.000.000.

Dado a que las supuestas maniobras habrían sido materializadas en los últimos diez años, el Estado le aplicó multas severas: le exige que pague diez veces el valor de la multa.

Muy a pesar de que los funcionarios manejan el tema con absoluto hermetismo, trascendió que de resultar complejo el cobro millonario, nadie descarta se vayan a pedir más medidas.

Una de ellas sería la inhibición general de sus bienes, precisó un funcionario cercano a la Procuración.

Además de Furh padre, el Estado requerirá a un hijo del contador el reintegro de más de $ 8.000.000.

Básicamente, las acusaciones son similares: la evasión de impuestos y el manejo habitual de diversas cuentas bancarias, siempre por montos millonarios.

Por otra parte, más allá de que proceso en contra suya aún no finalizó, se sabe que a la esposa de Fuhr también se le solicitaría pagos por más de $ 11.000.000.

Sin embargo, la mujer aún tiene pendientes los últimos recursos, los cuales son timoneados en el ámbito de Rentas de la Provincia.

Una vez que los tres procesos concluyan, los Fuhr deberían afrontar juicios por casi $ 61.000.000 afirmó un funcionario.

La abultada suma implicaría consecuencias de supuestas maniobras a contrapelo de la ley, consistente en préstamos millonarios y operatorias similares, sin pagar suma alguna al órgano de contralor.