El miércoles por la mañana, trascendió que el Estado provincial recibió una intimación por incumplimiento de contrato de parte de los propietarios de los inmuebles situados en Kilómetro 3 donde funcionan la Brigada de Investigaciones y la División Criminalística de la Policía de Comodoro Rivadavia.

Finalmente, primero el administrador inmobiliario de las propiedades, Fernando Cabaleiro, y luego el comisario Leonardo Bustos, segundo jefe de la Unidad Regional y titular de la Brigada de Investigaciones, confirmaron parte de esa información, pero desmintieron que exista una intimación legal por parte de los propietarios.

Lo cierto es que el gobierno provincial mantiene una deuda que rodea un año completo con los dueños de ambos inmuebles, y uno de ellos, quien alquila el edificio de la Brigada de Investigaciones, señaló su intención de intimar el desalojo en caso de que no se solucione está situación.

RENOVACION DE CONTRATO

Desde hace 3 años y medio, la Brigada funciona en un edificio alquilado en el barrio Mosconi. El mismo tiene siete oficinas, cocina, tres baños y un garaje. El costo de alquiler asciende a un monto que hasta el vencimiento del contrato era de 7 mil pesos, según pudo confirmar Diario Patagónico.

El Gobierno provincial debe los últimos 13 meses de este alquiler, y nunca regularizó la situación tras el vencimiento del contrato por considerar que el incremento del mismo era alto. Es que según se pudo saber, el arrendamiento ahora tendría un costo de 17 mil pesos.

Diferente es la situación del alquiler de la División Criminalística, ya que en este caso sí existe un acuerdo previo tras el vencimiento del contrato, aunque la deuda asciende a 11 meses. Ayer por la mañana, Cabaleiro dialogó con RadioFónica 90.3 Mhz y se refirió al conflicto que existe entre gobierno provincial y los locatarios.

“El problema es con la renovación, el anterior alquiler de las dos dependencias se ha pagado con normalidad. Cuando uno negocia estos alquileres se tienen un montón de cosas en cuenta porque provincia solamente hace contratos con valores fijos, no tienen cláusulas de renovación, entonces el precio es mayor al de plaza. Por eso uno cuando hace un alquiler de este tipo le va especulando con los futuros aumentos. Esta es la parte fundamental del conflicto”, detalló.

Es que una vez que se inició la renovación de los contratos, se esperó los ocho meses, plazo normal en estos casos, para comenzar a recibir el pago. Sin embargo, la fecha estipulada hasta mediados de diciembre se retrasó al igual que la firma del nuevo documento.

Por esa razón, se decidió iniciar un reclamo formal, el cual recién tuvo respuesta el lunes. Así Provincia rechazó la propuesta de renovación de alquiler del edificio de la Brigada por considerarla elevada. Esto fue lo que generó malestar en un locatario quien decidió intimar al gobierno si no hay solución.

“Yo me comuniqué con gobierno, les comuniqué esta situación y me dijeron que empiece las acciones mientras ellos lo solucionan”, explicó Cabaleiro, haciendo alusión al pedido de su cliente.

Por la tarde, Diario Patagónico dialogó con Bustos, quien puso paños fríos a la situación y alegó que el gobierno provincial ya trabajaba en el tema, con la intervención del secretario de Seguridad, José Glinski, esperando que se solucione el conflicto la próxima semana.

Como se señaló, el principal inconveniente es el monto solicitado por el titular del inmueble que ocupa la Brigada de Investigaciones, el cual asciende a 17 mil pesos. “No es un valor loco, tiene estipulado el aumento que vamos a tener por la inflación, no la del INDEC, sino la real. Uno cuando alquila a Provincia tiene que pagar ingresos brutos, monotributo, todo ese tipo de cosas, y eso está estipulado en el contrato de alqui