El Ejecutivo municipal firmó el Decreto 654 a través del cual se aplicaba una suba de un peso en el estacionamiento medido. Hasta ayer al mediodía estaba todo listo para que entrara en vigencia desde el lunes, pero luego de un intrincado debate que se dio por una supuesta “ilegalidad” del decreto, el intendente Horacio Quiroga dio marcha atrás con el aumento.

La polémica normativa justifica la variación en lo que supuestamente dice el último punto del artículo 93 de la Ordenanza 13166 -tarifaria 2015-. Este ítem plantea una revisión automática cada seis meses en función del aumento del salario bruto de una categoría del Convenio de Empleados de Comercio con base en diciembre de 2014, o cuando esta variación supere el 15 por ciento.

Sin embargo los concejales desconocen haber aprobado el texto -incluido en el decreto reglamentario- en una sesión.

Ante la consulta de LM Neuquén, plantearon que en diciembre del año pasado, cuando se aprobó la tarifaria, no se avaló el artículo mencionado y que en las ordenanzas modificatorias posteriores tampoco. “Nosotros no aprobamos eso”, confirmaron.

Desde el Municipio, el subsecretario de Servicios Concesionados, Fernando Palladino, culpó a los concejales: “Evidentemente estamos frente a un arrepentimiento o un error de los señores concejales. Primero nos dicen que tenemos la facultad de aumentar la tarifa a partir de una revisión semestral o cuando se cumplan determinadas condiciones. Pero resulta que cuando se cumplen esas condiciones y el Ejecutivo inicia el proceso de revisión tarifario, nos dicen que ya no tenemos esa facultad”, dijo el funcionario, quien adelantó que ahora se pedirá a los concejales que “definan por nota cuál es la postura, si el Ejecutivo tiene o no la facultad de hacer la revisión semestral, y actuaremos en consecuencia”.

Con todo, y pese a que el decreto había sido publicado, el aumento fue desactivado, según informó oficialmente el Municipio.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo, Ariel Kogan, informó que en diciembre, cuando se trató el proyecto, “había dos despachos”, uno “que planteaba un aumento progresivo de los valores según el tiempo de estacionamiento donde sí se justificaba este aumento cada seis meses”, y el otro “que dejaba todo igual”. Añadió que “se aprobó lo que dejaba todo igual”.

Los concejales coincidieron en que más allá de lo que se aprobó en diciembre, en abril y junio de este año ellos avalaron ordenanzas que modificaron el artículo del estacionamiento para reincorporar un abono mensual, pero nunca una revisión cada seis meses.

Colectivos: cuestionaron los pagos por decreto

Los concejales de ARI solicitaron al defensor del Pueblo, Ricardo Riva, y a la Sindicatura Municipal que se expidan de “manera urgente” por el acuerdo entre el Municipio e Indalo por la valoración de la estructura de costos.

La concejal Karina Montecinos explicó que la urgencia radica en que la comuna está realizando pagos mensuales a la empresa sin el aval del Concejo Deliberante.

“Analizando distintos datos, se puede apreciar que pese a la constante y notoria merma de pasajeros transportados, el Municipio ha garantizado los ingresos a la empresa que fueron siempre en aumento. Lo mismo se observa en el valor subsidiado”, expresó el concejal Juan José Dutto, quien luego agregó que independientemente de la cantidad de pasajeros que transporte la empresa, “el Ejecutivo se comprometió a garantizar el pago de la diferencia entre lo que transporte efectivamente y lo proyectado, que sería casi 23 millones de pasajeros anuales”. Es decir, 3 millones 700 mil pasajeros más, respecto del año 2014, dijo.

Según advirtió, fue desde el Estado municipal que “se generaron los principales ingresos y absorción de costos que le permitieron a la empresa, pese a una baja constante en la calidad del servicio y de pasajeros transportados, obtener un 99% mayor de ingresos en el año 2014 en relación con el 2011”.

“El hecho de que en el Concejo Deliberante no se haya tratado el acta acuerdo, ya es una irregularidad”, destacó Dutto.

A renglón seguido, remarcó que es necesaria la intervención de los organismos de control para que hagan un profundo estudio sobre el tema, ya que el Ejecutivo municipal ha pagado directamente a la empresa unos “$5.063.644 desde enero hasta abril”.