Ediles de distintos bloques reaccionaron luego de que la Asesoría General de Gobierno de la Provincia considerase que el Municipio no puede obligar a Aeropuerto Bahía Blanca (ABBSA) --concesionaria de la aeroestación local-- a participar de la licitación de la playa de estacionamiento del edificio, comprometiéndose a aportar 16 mil pesos.

Ante esta resolución del organismo bonaerense, la secretaria comunal de Legal y Técnica, Diana Larraburu, anticipó que no se iniciarán acciones legales contra ABBSA.

El dinero que la Comuna pensaba recaudar por la licitación del estacionamiento se iba a utilizar para afrontar el 50 por ciento del alquiler de las tierras que ocupan las mencionadas instalaciones, propiedad de la Armada.

El presidente del bloque radical, Carlos Ocaña relativizó la opinión de la Asesoría General de Gobierno, afirmando que su dictamen no es vinculante, a la vez que advirtió que el Ejecutivo local debe insistir en que se cumpla con lo establecido en los convenios.

También dijo que es necesario saber cómo fue planteada la consulta municipal, a partir de la negativa de la concesionaria a licitar por el estacionamiento, "porque las respuestas son en base a las preguntas".

"Existe un contrato firmado por Carlos Arecco, en representación de la empresa, y el intendente, en el cual la firma se compromete a presentarse en la licitación. Nadie los obligó a suscribirlo. El Ejecutivo debe insistir en que ese convenio se cumpla", expresó.

Al ser consultado sobre la posición que debe adoptar el cuerpo deliberativo, Ocaña expresó que también debe exigir la ejecución de lo acordado.

"El CD, cuando hizo la ordenanza de adjudicación de la concesión, puso este punto porque sin él, la adjudicación no se hubiera aprobado".

Integración Ciudadana, por su parte, fue uno de los bloques minoritarios que se opuso, hace casi tres años, a la aprobación de la ordenanza que estipulaba el mecanismo.

Sus integrantes elaboraron un comunicado donde dijeron que tenían razón cuando afirmaron que no podía obligarse a la concesionaria del aeropuerto a participar de la mencionada compulsa de ofertas.

Recordaron que la inclusión de dicha cláusula motivó el voto de algunos ediles para aprobar la concesión.

"Se advierte una cuestionable tendencia que se repite: se incluyen presuntas condiciones de difícil cumplimiento para lograr los votos necesarios en cuestiones fundamentales de la administración municipal, que luego resultan de exigencia imposible".

Sostienen que un ejemplo de dicha práctica es el aumento de la alícuota de la tasa a las exportaciones, que sirvió para que algunos bloques opositores aprobaran el presupuesto municipal 2010, pero que luego tuvo una cobrabilidad que apenas alcanzó un tercio de lo estimado. A esto se suma que el Ejecutivo propuso que no se cobre dicho impuesto durante el 2011, con el objetivo de promover las inversiones industriales.

"Un perjuicio potencial"

Raúl Woscoff, presidente del bloque de Integración Ciudadana, expresó en diálogo con "La Nueva Provincia" , que deberán asignarse las responsabilidades políticas a quienes les corresponda por haber avalado la firma de un convenio impracticable.

"Hay un perjuicio potencial para todos los vecinos, porque la decisión tomada, ante la imposibilidad de que la empresa concesionaria ingrese a la licitación, hace que el Municipio tenga que afrontar gastos adicionales que deberemos pagar todos. Desde el punto de vista legal, era evidente que ese convenio no se iba a poder exigir", dijo.