Osvaldo Fernández, uno de los asesores legales de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú informó a APF que el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay citó para marzo a tres asambleístas ante la denuncia de un ciudadano uruguayo. Por otro lado, esta semana continúan la declaraciones por los cortes de ruta de septiembre de este año

Según anticipó el abogado a APF “hay tres declaraciones nuevas en otra causa, para los primeros días de marzo” en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel.

Se trata de “una denuncia de un ciudadano uruguayo” contra Freddy Bocalandro, su esposa e Isabel Nievas.

Por otro lado, continúan la semana que viene las citaciones relacionadas con los cortes de ruta que llevaron a cabo durante los domingos de septiembre pasado.

Concretamente, hoy declara Francisco Jaime; el martes 28 de diciembre Juan José Cruz y el miércoles 29 de diciembre María Mevia Segovia. Sin embargo, aclaró el abogado que “en el caso de Jaime se solicitó pasar la audiencia para el año próximo”.

Estos tres casos son “los últimos de un total de 25 y de esa cifra, algunos ya se pasaron para el año próximo. Por ejemplo, Gustavo Giusto tiene el 25 de febrero y Juan Carlos Barrios el 1 de marzo”, entre otros, contó.

Respecto a la situación en general, el asesor legal comentó: “El balance es negativo partiendo de que acá hay una estrategia de judicializar la protesta social y esto ha llevado a que se genere temor y a su vez repercute en el ánimo de la gente a partir de la amenaza de ser citados por la justicia. Evidentemente el gobierno ha llevado una estrategia no sólo de criminalizar la protesta sino también de distraernos y desviarnos los esfuerzos”.

Por otra parte “tampoco ha habido noticias del lado del gobierno en cuanto a recibir a la Asamblea, que ha reclamado una reunión con los científicos que llevan adelante el monitoreo de la planta de Botnia y el río Uruguay. Esto ha dado lugar que el equipo técnico de la Asamblea días atrás emita una análisis muy fuerte y muy crítico de lo que se conoce del monitoreo”, argumentó.

Finalmente, Fernández concluyó que cierra un año “sin respuestas de parte del gobierno, con una judicialización de nuestra lucha y con muchísimas dudas y críticas a lo que es la implementación del monitoreo que acordaron los presidentes de Argentina y Uruguay”.