Los ediles también avanzaron en la reformulación del Ente de Control de Servicios Públicos, que aseguraron estará en marcha en 60 días.

Con la presencia del Secretario de Obras, Servicios e Infraestructura, ingeniero Abel Boyero, y concejales de todos los bloques partidarios, se consensuaron detalles que hacen a las causales de eventual rescición del vínculo, los planes anuales de inversión en reparación y mantenimiento de redes, y la actualización de algunas cláusulas que figuraban en el contraro ahora redireccionado, o que directamente luego de 30 años de vigencia quedaron perimidas.

Se pudo establecer que dentro de este replanteo de la prestación de servicios de la tradicional cooperativa local, se fija la puesta en marcha del Ente de Control para este y otros servicios concesionados en un plazo de sesenta días.

En la reunión de ayer se ratificó la decisión de impedir el ingreso de capital privado a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), al colocarse claramente en la redacción un artículo que establece que, en ese supuesto, el convenio que se reconducirá el jueves por 10 años expirará de manera automática.

También se clarificó la suerte de los empleados, en caso de que la cooperativa se retire el mercado, a quienes se les dieron garantías de continuidad en la futura prestadora y se ratificó la prohibición de que la entidad pueda aumentar las tarifas por su cuenta, como ocurrió recientemente sobre el servicio del agua.

Junto con ello, el Concejo recuperó la potestad total a la hora de fijar las tarifas porque avanzó en la modificación de la ordenanza que aprobó la creación del Ente de Control, de manera tal que la aprobación final de los incrementos lleguen y se definan en el parlamento municipal luego de que el futuro organismo de control dé su opinión técnica.