Duplicar la cantidad de defensores, lograr autonomía funcional y un régimen presupuestario propio son algunas de las propuestas que expuso el defensor ante el Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Cancela, para revertir la situación de un actual sistema que "no tiene más sentido y requiere de un cambio profundo de mentalidad".

"Hoy se necesita una defensa totalmente distinta: activa, dinámica, efectiva, participativa. Nunca la defensa puede quedar al margen de cualquier diseño procesal o política que se adopte en lo sucesivo", sostuvo.

El jefe de los defensores detalló que los principales cambios que propone el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa implican la autonomía de la Defensa con integración al Poder Judicial, una organización horizontal, un régimen presupuestario y disciplinario propio, control de gestión y auditorías internas.

También reclama más herramientas para que se respete la "igualdad de armas" (ver aparte).

El proyecto hoy se encuentra para su análisis en la subsecretaría Legal y Técnica del Tribunal Superior de Justicia, al igual que otro paquete de leyes complementarias de la reforma procesal penal. Todas son necesarias para la vigencia del nuevo Código, a partir de enero de 2014.

"Hoy tenemos un nuevo paradigma y nuevas funciones. A nivel local está la ley de violencia familiar y la ley de salud mental, al margen del nuevo Código Procesal Penal que también requiere otra estructura. Todo esto necesita de un cambio que implica que efectivamente haya un apoyo presupuestario", señaló.

En la estructura actual de la defensa pública, hay un defensor por cada 16.705 habitantes. La propuesta actual –y que ya fue aprobada por el TSJ– pretende duplicar la cantidad para lograr que haya un defensor cada 5.503.

"Esta estructura no tiene nada que ver con la de ahora, con la que no damos respuesta a nadie. Hay mucha crisis y hay mucha deficiencia, más allá de que tenemos un grupo humano valorable", dijo Cancela.

El mecanismo para lograr esa reestructuración no será la incorporación de cargos, sino un sistema similar al propuesto desde el Ministerio Público Fiscal, para que quienes hoy ocupan puestos de secretarios y prosecretarios concursen para llegar a defensores, con "un mínimo impacto presupuestario".

Actualmente el 49% de los funcionarios de ese ministerio son defensores oficiales, mientras que un 44% corresponde a "funcionarios sin firma" –secretarios, prosecretarios– y un 7% a defensores adjuntos, con un 29% de puestos vacantes.

"Es un cambio total porque hoy los cambios son totales. O cambiamos o nos pasan por encima", manifestó Cancela.

"Esto debe tener un sólo objetivo: mejorar el servicio de la justicia y, sobre todo, de la defensa. Nosotros atendemos a la gente más vulnerable, que no tiene recursos económicos y su único recurso es la defensa pública y gratuita", planteó.

Para Cancela "esta estructura de la defensa no tiene más sentido, es vetusta y requiere un cambio profundo de mentalidad. Ha de ser un lugar al servicio de los usuarios, y no del Poder Judicial".