Las alcaidías policiales de Santa Cruz, creadas a partir del año 1993 con el fin de “dar contención a las personas privadas de su libertad, procesadas por la Justicia Provincial, el aumento de la población penal, como la peligrosidad y variedad de delitos, cada vez más complejos, nos impone generar los medios para cumplir con nuestra Constitución Nacional” reza parte de los argumentos del proyecto.

La iniciativa, tiene además en cuenta que la Policía actúa como auxiliar permanente de la administración de Justicia, por lo que “resulta necesario establecer un orden en la administración del conjunto de centros de detención” y “es primordial la sistematización y optimización del control interno de gestión y la eficaz coordinación de inteligencia para evitar la reincidencia penal”.

Para ello se debe contar con estructuras y personal especialista en el manejo de internos, “pues existen grandes diferencias a la hora de comparar la instrucción que debe recibir un policía con la que recibe un agente penitenciario” aclara el proyecto, que además tiene en cuenta lo que marca el articulo 18° de la Constitución Nacional, cuando dice que “...Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”

En su articulo segundo, la presentación solicita que “se arbitraran las medidas necesarias a fin de que los institutos de formación de agentes, suboficiales y oficiales de la Policía provincial establezcan la especialidad “Servicio Penitenciario” así como también que se faculte al Ministerio de Gobierno, como autoridad de aplicación “a suscribir los convenios necesarios con organismos provinciales, nacionales o internacionales especializados en esta actividad a fin de lograr el alcance de lo establecido en la presente norma”.

Pero además, el proyecto de Victoria dice, en su artículo sexto, que en las unidades penitenciarias o alcaldías, donde existan internos penados, “se establecerá una separación nítida y absoluta con los encausados”. “Igualmente debe estar diferenciado su alojamiento entre los primarios con los reincidentes, y entre hombres y mujeres, salvo caso debidamente justificado” indica.