A mediados de junio y después de una extensa negociación entre los bloques políticos del Concejo Deliberante y de un paro del gremio del personal del cuerpo que se opuso y obligó a la suspensión de la sesión, se sancionó un proyecto de ordenanza, luego promulgado, denominado Transparencia de la Función Pública y acceso a la Información de la Administración, cuya reglamentación debería haberse producido a principios de este mes.
Así, las autoridades cualquiera sea la nominación con las que las designe la Carta Municipal, deben dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, que consiste en respetar y preservar la publicidad de los actos resoluciones y procedimientos de la administración; y en facilitar el acceso de cualquier persona que acredite interés a esa información, así como a sus fundamentos, a través de los procedimientos que al efecto establezca la Ordenanza y su reglamentación.
Fue una de las ordenanzas que más trabajo demandó para consensuar posiciones, ya que el oficialismo buscó evitar el tratamiento y el gremio que agrupa a os empleados del Concejo presionó con un paro que hizo fracasar la sesión inicial, porque consideró que los datos que se debían consignar, violaban la intimidad de las personas.
Fue entonces que se acordó un texto que dice que "los organismos comprendidos en la ordenanza sólo podrán exceptuarse de ofrecer información cuando ella se refiera a los datos personales de carácter sensible cuya publicación constituya una vulneración al derecho de la intimidad y el honor".
Si bien la ordenanza no está reglamentada cualquier ciudadano puede por imperio de esa norma roma solicitar la información que desee siempre y cuando acredite interés legítimo en la información.
La iniciativa legislativa de autoría de los concejales Raúl Romeo Medina e Irene Soler (ambos del FS), esta dividida en títulos, referidos a: la publicidad de la información, transparencia activa; derecho de acceso a la información y Junta para la Transparencia

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