Hoy se escucharán los alegatos de la querella y del fiscal general Leopoldo Peralta Palma, y se espera que pidan la máxima pena para los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz, juzgados por el presunto fusilamiento de cinco militantes Montoneros en el barrio Echeverrría, el 20 de mayo de 1976. Antes, está previsto el testimonio de Carlos Ruckauf a través de teleconferencia desde Capital Federal. Mañana es el día de la sentencia.
Luego se expondrán los alegatos de los querellantes María Alejandra Niklison y Horacio Coutaz, del fiscal general Leopoldo Peralta Palma y por último, de los defensores públicos Ciro Vicente Lo Pinto (Albornoz) y Adolfo Berttini (Menéndez).
“Pediremos el máximo de la pena; prisión perpetua y cárcel común, porque se trata de delitos aberrantes cometidos por el Estado”, adelantó semanas atrás a primerafuente Coutaz, quien además de formar parte de la querella es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.
“Queda claro que no hubo ningún enfrentamiento y que los hayan matado tiene que ver con su militancia (eran de la Organización Montoneros); fueron a matarlos”, sostuvo Coutaz, quien acompaña a su esposa, María Alejandra Romero Niklison, también abogada de la Subsecretaría e hija de una de las cinco víctimas fusiladas en mayo de 1976 en el barrio Echeverría. También integran la querella los abogados tucumanos Emilio Guagnnini y Paula González.
Menéndez y Albornoz son juzgados por la muerte de los cinco militantes de Montoneros que se encontraban reunidos el 20 de mayo de 1976 en la casa de la calle Azcuénaga 1816, en el barrio Echeverría: María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz.
Ese día, alrededor del mediodía, personal perteneciente a la Vº Brigada de Infantería del Ejército conjuntamente con fuerzas pertenecientes a la Policía de Tucumán, tomaron por sorpresa la casa, lanzaron explosivos y fusilaron a las cinco víctimas, según el expediente judicial.
Mañana será el turno de los imputados, quienes podrán hacer uso del derecho a decir sus últimas palabras en el juicio, antes de escuchar la sentencia que se dictará el mismo día, según confirmó el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gabriel Casas.
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