Dos civiles manejaban una cooperadora policial trucha que cobraba “protección” a comercios y prostíbulos, y daba dinero a tres comisarías.
Por la misma causa, al menos tres comisarios que cumplían funciones durante el lapso en que la cooperadora actuó quedaron imputados por cohecho y dicha imputación podría ampliarse a participación en el delito de trata.
El fiscal Enrique Senestrari dirigió los allanamientos a la sede de la cooperadora ubicada en calle 9 de julio 573 oficina 4, tres comisarías y los domicilios particulares de varios comisarios y subcomisarios.
Para el procedimiento contó con el apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Según el fiscal, la investigación se inició “por un caso de trata de personas por la que hay una pareja imputada y procesada” (ver página 23).
En el año 2011, el fiscal allanó el prostíbulo “Majas”, un departamento privado que regenteaba esta pareja y que funcionaba en la calle Tucumán 462, en esa ocasión se secuestraron recibos de cuotas que acreditaban la relación del local con la Cooperadora Policial.
Senestrari confirmó que la cooperadora “estaba de baja”, respecto a su situación jurídica y que hasta la fecha, por el cierre de varios prostíbulos, seguía haciendo la misma maniobra de cobro, pero con comercios de la zona céntrica.
A través de escuchas telefónicas la Fiscalía estableció que los dos únicos detenidos hasta el momento recaudaban para las comisarías, por lo que el fiscal señaló que “ningún funcionario puede desconocer que esto estaba sucediendo y que los cobros se hacían en un local que tenía una actividad que la Policía debía controlar”.
Además explicó que “la Policía no podía recibir dinero de prostíbulos que siempre estuvieron prohibidos, antes de que saliera la Ley de Trata. Lo que hacían los comisarios era ilegal”.
Según trascendidos, en el delito de cohecho estarían implicados los funcionarios policiales que actuaron desde hace un año y medio atrás a la fecha en las comisarías mencionadas.
Recibido. Por “protección” uno prostíbulo pagaba a la cooperadora. Los recibos fueron clave en la investigación.
“Majas”, el prostíbulo que pagaba la cuota. En octubre del año 2011, “Cristal” –el nombre que los proxenetas le habían puesto– logró escapar del local Majas, que funcionaba en la calle Tucumán.
“Cristal” denunció que había entrado a trabajar ahí por recomendación de una amiga y que su tarea era estar en la recepción. Un día la dueña le pidió que reemplazase a una de las chicas que se ofrecía sexualmente, porque había clientes que atender. Ante la negativa de “Cristal”, la dueña la llevó hasta el baño, y la obligó a cambiarse, para luego ofertarse sexualmente.
La mujer contó que la obligaban a atender en promedio 20 hombres durante 15 horas diarias. También declaró ante la Justicia que algunos policías visitaban el lugar regularmente. Iban uniformados, según declaró la joven en la causa.
Los recibos de la cooperadora encontrados en el lugar dieron pie a la investigación federal que terminó ayer con dos detenidos y tres funcionarios policiales imputados.
En uno de los “foros” de Internet en los que se “conversa” sobre prostitución, los “clientes” de “Cristal” comentaban que la chica no tenía “predisposición” a esa actividad. La calificaban de “rayada” o “mala onda”.
Clausurado. Majas fue clausurado varias veces, una de ellas en el año 2009, en las clausuras actuó la Justicia Federal.
Cuando “Cristal” huyó y denunció al prostíbulo, en octubre de 2011, éste fue clausurado definitivamente.
En ese operativo se encontraron siete chicas explotadas sexualmente, una de ellas menor de 15 años.
Entonces, la Justicia Federal imputó a la pareja que lo administraba. Ambos están detenidos, imputados por el delito de trata de personas para la explotación sexual.
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