El primer pedido de informes de Guzmán fue realizado en agosto pasado, en el marco del decreto 1.574/02 de acceso a la información pública. Allí, le pedía a la Escribanía de Gobierno que informara quiénes eran los funcionarios que estaban violando la ley 6.547, si el organismo los había intimado, y si había hecho públicos los nombres de estos funcionarios.
La primera respuesta llegó a mediados de septiembre, pero en forma incompleta: sólo establecía quiénes sí habían cumplido, pero no se explicitaban las acciones que estaba llevando el organismo para asegurarse que los que estaban en falta hicieran las presentaciones.
Guzmán insistió con una nota de fines de septiembre, que fue respondida el 20 de octubre pasado. En la contestación, además de poner la nómina completa de funcionarios cumplidores e incumplidores, Fernández Esteban aseguraba que todavía no contaban con un software para mejorar los controles sobre las declaraciones juradas, y reconoce que todavía no han intimado a los funcionarios en falta. "en cuanto a la publicad del incumplimiento de los funcionarios (...) estimamos que deberá realizarse a través del Boletín Oficial", asegura el escribano, y agrega que "estamos arbitrando los medios necesarios para poder dar cumplimiento a la normas ya referenciadas".
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