El Ministerio de Trabajo de la Nación publicó un listado de 25 empresas marplatenses que tienen empleados sin registrar, es decir que no le pagan la obra social, jubilación, seguro y demás aportes patronales. El listado, que puede encontrase en internet fue confeccionado por la cartera laboral a partir de la nueva Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada el año pasado.

La cifra representa más del 15% del total provincial, puesto que en territorio bonaerense hay 161 firmas ?escrachadas? en el denominado Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). En todo el país el número de empresas asciende a 686.

En 12 de los 25 casos se trata de firmas prestadoras de servicios; otras 11 firmas se dedican a la venta de artículos como vestimenta, calzado o productos de panadería y las 2 restantes son una con empresa dedicada a la construcción y el negocia inmobiliario y otra que elabora alimentos a base de cereales. De las 12 prestadoras de servicios 7 son restaurantes, bares o balnearios, hay 2 peluquerías, una inmobiliaria, un estacionamiento y otra relacionada con servicios personales.

El Repsal identifica públicamente a los empleadores sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales. De los 686 casos en todo el país, 680 son por falta de registración de los trabajadores y solo 6 por sentencias condenatorias por trabajo infantil (4 en Ciudad de Buenos aires, una General Belgrano y otra en la provincia de Córdoba).

En el listado figuran los empleadores con sanciones firmes que no regularizaron la infracción, o que si bien lo han hecho, permanecen en el Registro por un período sancionatorio establecido por ley. Quienes permanezcan en el listado no podrán acceder a programas, acciones de fomento, o subsidios del Estado. Tampoco a líneas de crédito de bancos públicos. Quienes reincidan en la misma falta serán excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o se les impedirá deducir del impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal.

Además estarán impedidos de celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

Salir del registro

Si bien recién se comienza a aplicar, el listado parece funcionar de manera dinámica. Una consulta realizada por este diario hace menos de 20 días mostraba tan solo 10 empresas en la ciudad y 93 en la provincia de Buenos Aires. En ese intervalo una reconocida clínica, un lavadero y un bar salieron del Registro, según se desprende, por haber pagado la multa y haber regularizado la relación de trabajo antes de la audiencia de descargo o con anterioridad al vencimiento del plazo para formular impugnaciones.

Casi todas las empresas fueron inspeccionadas durante los primeros días de octubre del año pasado y 16 regularizaron la sanción detectada a los pocos días. De esas, tan solo 7 pagaron la multa al Estado impuesta por el Ministerio de Trabajo y lo hicieron entre febrero y abril de este año.

El Gobierno nacional tiene unos 400 inspectores laborales, un número escaso teniendo en cuenta que la actual administración reconoce que el trabajo no registrado es uno de los principales problemas del sector. Destacan, sin embargo que en 2003 solo había 40 policías laborales para todo el país. El Ministerio de Trabajo bonaerense, por su parte cuenta con 140 inspectores para detectar distintas irregularidades laborales.

En el país el empleo informal se mantiene desde los últimos 5 años en un porcentaje cercano al 35%. Y en el Ministerio de Trabajo de Nación sostienen que el 55% de los empleadores que tiene trabajadores de forma ilegal tienen aunque sea un trabajador registrado bajo las normas. Se trata, aseguran, de negocios de baja escala y baja rentabilidad. ?No son empresa de 30 personas, ni grandes marcas?, afirmó Sebastián Etchemendy, subsecretario de Coordinación de Políticas de la cartera, en una charla de promoción del trabajo registrado y contra el fraude laboral, realizada en La Plata.

Incentivos

?Como respuesta, el gobierno apunta a otorgar subsidios para los empleadores de 2 o 3 personas. También implementa un Régimen de Seguridad Social para microempresas mediante el cual se paga el 50% de los aportes patronales y le pone tope a lo que le puede cobrar a las empresas chicas las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Porque a las grandes empresas les hacen descuentos, porque ofrecen contratos por mayor cantidad de empleados y pueden negociar precios. Antes, (a los pequeños empleadores) les cobraban entre un 6 o 7% y ahora queda reducido al 3% como tope máximo?, explicó el funcionario.