La funcionaria del organismo de control había expresado que "ahora el Fiscal de Estado se presenta como querellante en esta causa -la de los Planes de Empleo Rionegrino (PER) en la que una reciente declaración del imputado Gustavo Otero la involucró- después de siete años. Me parece bien, pero también deberían haberlo instruido para que haga lo mismo en la causa Flavors". Piccinini advirtió que "tendrán que responder con sus bienes y penalmente por estos agravios, Otero, Maza -el abogado- y hasta el propio gobernador, porque quiero ver los fundamentos del decreto en donde me nombra".

Al respecto, el gobernador expresó en una nota enviada a la Defensoría su "profundo desagrado por esta intromisión referida a instrucciones específicas, de carácter general y vinculadas precisamente con la irrestricta defensa de los intereses institucionales, patrimoniales y legales de la Provincia, adoptadas dentro de los criterios de oportunidad y contenido que me están reservados".

Saiz negó la alusión "a que mis instrucciones tienen un deliberado propósito de ensuciar" a la defensora o a su familia, y consideró "inadmisible personal e institucionalmente que amenace anticipadamente con acciones penales en mi contra de las que resultaría adicionalmente afectado mi patrimonio personal".

El gobernador advirtió que se está "analizando la configuración del tipo penal de amenaza con claro propósito de alarmar o amedrentar y con el objetivo final de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. (Art. 149 bis del C. Penal)". También dijo el mandatario que se estudia "la posibilidad de incumplimiento de los deberes de funcionario público y tipos penales vinculados a ambos supuestos".

Desde el Poder Ejecutivo se adelantó además que "frente a la gravedad institucional que obviamente resulta de estas imputaciones, examinamos las alternativas constitucionales e institucionales que resulte posible implementar legalmente para esta situación".