Por denunciar hechos de corrupción, un agrimensor fue despedido de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), un organismo binacional creado por los Estados argentino y uruguayo para aprovechar el río Uruguay en la producción conjunta de energía eléctrica. Por eso, su esposa Ana María Huergo envió una durísima carta a los presidentes de ambos países, Cristina Fernández y José Mujica, según denunció el sitio web Perfil.com.

Se trata del agrimensor Fernando Alba Posse, quien hasta febrero de este año, cuando fue cesanteado sin explicación alguna, realizaba tareas de medición y evaluación de los terrenos ribereños del río Uruguay en la costa argentina como empleado de la CTM, agregó la nota de la publicación.

En esa tarea es que percibió algunas irregularidades, como las ocupaciones indebidas de algunos terrenos y el excesivo pago de indemnizaciones a propietarios ribereños que sufrieron inundaciones provenientes del lago de la represa de Salto Grande. El monto malversado, por pagos mal realizados y evitados, ascenderían a los 20 millones de pesos.

Tras denunciarlo en varias oportunidades, Alba Posse fue despedido. Pero eso no es todo: el ex empleado de CTM asegura haber sufrido otros tipos de persecuciones y hasta dice haber sido amenazado de muerte.

Según el propio Alba Posse, que envió un mail a Perfil.com denunciando la situación, "los delegados argentinos que componen la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande son nombrados por Decreto Presidencial, o sea que directamente cualquier tipo de abusos de autoridad manchan la investidura Presidencial dado que ejercen un poder delegado por el Estado".

La carta que su mujer envió a los presidentes de Argentina y Uruguay cuenta que, al detectar los hechos de corrupción, su esposo intentó "poner en conocimiento de causa a sus superiores directos" y recomendó "suspender todos los pagos a ribereños hasta aclarar la situación".

Sin embargo, asegura, en ese momento sus denuncias fueron "minimizadas por muchos funcionarios de la CTM", hasta que el por entonces vicepresidente de la entidad, Enrique Stola, también detectó irregularidades y decidió denunciar penalmente estos hechos en julio de 2010.