La reunión terminó en un escándalo atípico para la Legislatura santafesina. A pedido del diputado Marcelo Gastaldi y de otros legisladores justicialistas, el ministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, se presentó este jueves en la Cámara de Diputados para informar sobre la liquidación y eventual pago de tributos provinciales (impuestos de sellos) originados por el contrato de concesión de la terminal multipropósito del Puerto de Rosario entre en Ente Administrador Puerto Rosario y Terminal Puerto Rosario S.A. Según relataron diputados del PJ, el ministro se retiró del encuentro "a los gritos" y "dando improperios" contra el bloque justicialista.

En la reunión que estaba convocada en principio, para la semana anterior y fue pospuesta por ausencia del funcionario provincial, los legisladores le pidieron al responsable de Hacienda "explicaciones que eviten acrecentar las sospechas en base a una evidente arbitrariedad en el tratamiento de la deuda que el concesionario tiene con la provincia", apuntó el legislador peronista, en alusión a una denuncia por una reducción en la deuda que tiene con la API el concesionario privado Terminal Puerto Rosario (TPR).

"Además de la sorpresa que experimentamos a raíz de la brusca reacción del ministro tras nuestra interpelación, que se levantó de manera imprevista y se retiró dando improperios a nuestro bloque, la novedad del encuentro fue que efectivamente reconoció que la provincia no ejecutó la caución de 1.400.000 pesos que la empresa debía abonar por haber interrumpido el pago de las cuotas del convenio vigente", precisó Gastaldi.

"Ese seguro de caución -continuó el legislador- permite a la provincia sumar a las arcas provinciales parte de la deuda que la empresa tiene con la API, que asciende a 9.184.000 pesos. TPR sólo cumplió con las primeras cuatro cuotas del acuerdo, pero luego dejó de pagar y la provincia no actuó como debería haberlo hecho, según el convenio de pago".

"Esta situación no sólo acarrea desfinanciamiento a la economía provincial, sino que también acrecienta las sospechas sobre el tratamiento discrecional y arbitrario que el estado provincial tiene con el privado en cuestión", apuntó Gastaldi.

Según los legisladores que acompañaron a Gastaldi en el pedido de informes y que estuvieron presentes este viernes en el encuentro -Mario Lacava, Alberto Monti y Silvina Frana- "Sciara reconoció que no se ejecutó la caución y a modo de explicación argumentó que los plazos aún no estaban vencidos y que se trataba de una evaluación de conveniencia y oportunidad".

Esto desató la discusión entre todos y el funcionario "ofuscado y ofendido -al decir de Gastaldi- dijo que no iba a permitir que se sospechara de su gestión y dando gritos, se retiró de la sala acompañado por sus colaboradores".

La posición del gobierno santafesino

"No hay ningún perdón fiscal", aseguró el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, quien salió al cruce de la denuncia realizada por el diputado.

"Lo que ocurió es que se realizaron una serie de medidas cautelares fuertes, al inicio de la gestión en el gobierno de la provincia, a Terminal Puerto Rosario como a otros grandes contribuyentes de la provincia", explicó el funcionario provincial quien recordó que "este procedimiento de embargo preventivo no se venía realizando en ninguno de los gobiernos anteriores".

En el caso de Terminal Puerto Rosario -explicó el subsecretario- se trabó un embargo por la totalidad de la deuda, que sumada a impuestos de sellado, accesorias y multas sumaba más de 9 millones de pesos sobre las cuentas corrientes detectadas.

"El contribuyente, ante la medida cautelar de la API interpuso un recurso y pidió la reconsideración de la medida, diciendo que su cumplimiento dificultaba la operatoria integral del puerto", explicó Beccari.

El funcionario indicó que ante este pedido de la empresa, la API "revisó el concepto por el cual se componía la deuda, y decidió asegurarse el capital del crédito, cercano a millón y medio de pesos". Este monto es para Beccari "el que los contribuyentes terminan depositando en sede administrativa cuando litigan con el Estado".

"Al poco tiempo -continuó Beccari- se concursó y la API presentó dentro del concurso la totalidad de la deuda existente. La Sindicatura Concursal objetó una serie de accesorias y multas, pero la API rechazó esta disminución de deuda".

"La situación es que el API reclama la totalidad del impuesto, que no existe ningún perdón y que no hay ninguna cosa rara", concluyó Beccari".