El clima estuvo ayer cubierto de tensión en la delegación local de la Comisión Médica 26, la entidad que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT) y que se encarga de controlar las incapacidades laborales. Es que las autoridades centrales decidieron intervenir el organismo y separar de sus tareas a los empleados (no de sus cargos), además de disparar una investigación interna para determinar si alguno de ellos incurrió en irregularidades administrativas que podrían dar lugar a un fraude. No sólo eso sino que además radicaron una denuncia para que la Justicia investigue si los abogados de un estudio jurídico también están implicados.

¿Cómo era la supuesta maniobra? Los trabajadores que iban a dicha Comisión para obtener el dictamen médico por una incapacidad laboral, habrían recibido “presiones” o “recomendaciones” para que fueran asesorados por alguno de los integrantes de ese bufete de abogados (cuando no es una obligación) y así conseguir “resultados favorables”. Lo más grave que está en la mira es si desde dentro del organismo oficial se elevaba el porcentaje de discapacidad a través de esas intervenciones, según trascendió de fuentes calificadas.

El caso es escandaloso por donde se lo mire. Por un lado, es la primera vez en el país que se separa de sus funciones a todo el personal de una Comisión Médica (administrativos, psiquiatras, médicos y abogados). La medida se ejecutó a través de la intervención que ordenó el titular de la SRT, Gustavo Morón, la cual comenzó a regir desde ayer y se extenderá por 30 días. En un comunicado oficial, inclusive se señala que la decisión también apunta a “asegurar el resguardo de la información relacionada a los trámites médicos”. Por otro lado, mantiene vigente el tema de la industria de los juicios laborales ideados por abogados, aunque en este caso el mecanismo se habría dado en la fase administrativa. Las fuentes no revelaron la cantidad ni los nombres de los profesionales mencionados en la denuncia.

La presentación se hizo en la Fiscalía Federal. De acuerdo a lo que trascendió, un trabajador denunció en la SRT que cuando fue a la Comisión Médica 26 para que le dictaminaran la incapacidad laboral que había padecido para gestionar la indemnización ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), desde adentro le insistieron que debía contar con asesoramiento profesional, cuando en realidad no es ninguna obligación. Las autoridades de la Superintendencia acompañaron en el escrito ante la Justicia los testimonios de otros trabajadores que darían cuenta de la maniobra. Es más, lo que se pondrá bajo la lupa es si por esas gestiones judiciales se incrementaban los valores de incapacidad en el propio organismo oficial de control, por ejemplo, de un 3 a un 5 por ciento.

Los especialistas explican que un abogado al asesorar a un trabajador cobra generalmente un 20 por ciento de la indemnización. La que paga es la ART, que no suele reclamar si la Comisión 26 eleva el nivel de incapacidad. Así, el obrero pierde un porcentaje de lo que debería percibir, también la ART y la propia empresa, ya que sufre un incremento de la póliza por parte de la aseguradora.