La justicia cree que matar a un caballo enfermo cuesta 100 euros, pero se consiguen entre 700 y 800 si se venden a mataderos para convertirlos en carne de consumo, para lo que, gracias a veterinarios sin muchos escrúpulos, se habrían falsificado documentos sanitarios para hacer pasar como sanos a esos caballos enfermos.

El fiscal de Neufchâteau, Vincent Cambier, dijo al diario La Libre Belgique que “se trata de un tráfico de carne de caballo de envergadura, con ramificaciones en Francia y Alemania. Estamos en la misma problemática que el asunto Findus y colaboramos con las autoridades judiciales vecinas”. También están investigando los fiscales de Termonde y Amberes, en el norte de Bélgica.

El tráfico de esta carne de caballo terminó a finales de 2011 cuando la justicia y la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (AFSCA, en sus siglas en francés) lo descubrieron, pero sigue sin saberse cuántos años estuvo en vigor. A pesar de las investigaciones judiciales, el ministro del ramo, Johan Vande Lanotte, dijo ayer que no hay pruebas de que carne de caballos enfermos o contaminados con hormonas llegara a la cadena alimentaria humana. Para Vande Lanotte, el escándalo “está bajo control”.

La AFSCA también dijo ayer que es imposible que carne de caballos enfermos o alimentados con hormonas llegaron a la cadena alimentaria, porque veterinarios oficiales controlan los matadores. Pero la información del semanario Moustique apunta a que el fraude se habría hecho con la complicidad de veterinarios. Esta agencia señala problemas de identificación de caballos en Holanda, Alemania y Francia y dice haberlos denunciado ante los servicios veterinarios y alimentarios de la Comisión Europea. Hasta ahora, 13 países europeos se han visto afectados por el escándalo.