Una clave aquí es descubrir dónde se cargó la droga, y Morón está en el ojo de la sospecha. Sin embargo, recién después de 15 días intervino la Justicia (ver pág. 12). Morón es un aeropuerto híbrido. Es público y depende de la ANAC, el organismo que administra la aviación civil y dirige el hijo del intendente de Ezeiza. Pero la seguridad está en manos de la Fuerza Aérea, que tiene allí una base. Y entre civiles y militares hay una vieja interna por decidir quién manda. A tal punto, que el acceso a la ANAC es custodiado por una empresa de seguridad privada. Es lógico que se dividan el control. El problema es que los dos controlan mal.

Normalmente sólo operan vuelos de cabotaje: Morón no tiene Aduana ni Migraciones ni Senasa. Tampoco es lugar de estacionamiento de taxis aéreos sino de escuelas de aviación. Los aviones ejecutivos, como el de los Juliá, se guardan en Aeroparque o San Fernando, donde pueden tomarlos sus clientes. Pero a ninguna autoridad le llamó la atención que lo dejaran ahí y por tanto tiempo: un avión de 15 millones de dólares parado sin sacarle ningún rédito. Legal, se entiende. Los Juliá habían trabajado y mucho en los años en que hacían viajes sanitarios para el Estado. Milagro del padre, entonces jefe de la Fuerza Aérea, que les pudo comprar un Lear Jet de millonario con el sueldo de brigadier. Y que luego puso a uno de ellos como gerente del PAMI para que contratara la empresa de la familia. Caridad bien entendida.

En Ezeiza, el avión fue prolijamente filmado e igualmente ignorado: nadie subió a inspeccionarlo. A esos aviones les pasa como a los pasajeros: los revisan al volver. Es como permitirles irse con drogas y escanearlos al regreso por si traen un iPad. Las cosas deberían haber cambiado después del otro narcoescándalo: el de Southern Winds, cuando subieron a un avión de línea 60 kilos de cocaína. La responsabilidad mayor, entonces y hoy, es de la Aduana. Echegaray, jefe de ese organismo en 2004, prometió recuperar “la primera línea de control” en el aeropuerto. Se sabe que no resiste un archivo.

Esa vez, el Gobierno descabezó la Fuerza Aérea y le quitó además la Policía Aeronáutica. Ahora, silencio stampa: no hay sanciones ni imputados. Sólo el latiguillo autotranquilizador de que la Argentina es un “lugar de tránsito” de la droga.

¿O lo fue?