Apenas un mes después, la expropiación de una casona de San Lorenzo 355 volverá a tensar la relación entre legisladores oficialistas y opositores en el recinto. Hoy, en la sesión que comenzará a las 8, el alperovichismo impulsará un proyecto de ley por el que se pretende modificar la norma sancionada el 10 de setiembre y promulgada el 23 de ese mes por el Poder Ejecutivo.

La Ley 8.215 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble céntrico, propiedad de la familia Manganelli. El oficialismo justificó la pretensión oficial en la necesidad de que el predio sirva de acceso alternativo a las cocheras que la repartición posee en los fondos de la sede de Congreso 180, donde funciona desde 2003. Esta arteria fue convertida en peatonal en 2008 por la Municipalidad.

"Es importante garantizar la entrada y salida de la documentación pública, ya que se realiza el control preventivo en la administración pública provincial y en las 93 comunas", argumentó en aquella sesión el autor del proyecto, José Alberto Cúneo Vergés (PJ). Precisamente, el presidente de la comisión de Hacienda es quien impulsa ahora la modificación del texto. Ayer, LA GACETA intentó comunicarse con el legislador oficialista, pero él no respondió los llamados.

El proyecto de mayoría que se debatirá hoy propone un agregado al artículo primero de la ley 8.215. "El destino del inmueble expropiado será para el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia, a quien se faculta para llevar adelante por su cuenta y orden todo trámite administrativo y/o judicial necesario para perfeccionar la expropiación dispuesta", se aclara.

Reparos

El párrafo que impulsa el alperovichismo tiende a suplir las falencias de la norma original, según interpretó el abogado Francisco García Posse, apoderado de la familia Manganelli junto a José Ricardo Falú.

En rigor, la ley 5.006 establece las pautas que debe seguir toda expropiación. Entre las prioritarias, cuando un bien es declarado de utilidad pública, debe prescribirse un fin determinado, algo que no consta en la ley 8.215. A su vez, la modificación pretende declarar sujeto expropiante al Tribunal de Cuentas, tal cual lo exige el artículo segundo de la ley 5.006. "Todos estos agregados siguen siendo insuficientes, porque no se justifica la utilidad pública", consideró García Posse. El letrado adelantó que durante la próxima semana plantearán ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia la inconstitucionalidad de la ley aprobada en setiembre.

En el recinto, los legisladores deberán escoger entre el dictamen de mayoría firmado por el oficialismo en la comisión de Legislación General y el de minoría, rubricado por Esteban Jerez (bloque Juan Bautista Alberdi). El opositor avaló el proyecto presentado por el radical José Cano, por el que se busca la derogación de la ley 8.215. "La norma es injusta, irracional e inoportuna, porque no persigue la satisfacción del bien común que establece el concepto de utilidad pública", advirtió Jerez.