Justamente cuando desde el Gobierno de la provincia, en la voz del secretario general, Alejandro Cazabán, se sacaba a relucir la millonaria deuda que Edemsa mantenía con el Estado, por casi 66 millones de pesos, de los cuales 25 debían ser bonificados a los usuarios; nada hacía sospechar que fuese el propio Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) el que encontraría el vericueto por el que saldría airosa la empresa propiedad de Vila-Manzano. Esto no sólo dejó mal parado al Ejecutivo en su reflotado enfrentamiento con el Grupo Uno, sino que también muestra al EPRE retrocediendo sobre sus propios pasos. Es que el ente, que debe velar por el cumplimiento del contrato de concesión de la distribuidora eléctrica, es el que aplicó la sanción inicial de casi 25 millones a la empresa por deficiencias en el servicio y, apenas dos días después de que Cazabán lo reclamara, se desdijo y fijó la multa en apenas 10 millones.

la sanción, la rebaja y la furia. El 18 de marzo del 2010, el EPRE emitió dos resoluciones por las que dictaminaba que, por las deficiencias del servicio prestado por Edemsa durante los semestres finalizados el 31 de julio del 2009 y el 31 de enero del 2010, la empresa debía bonificar a los usuarios, en su factura, de acuerdo con su propia determinación y cálculo, la suma de $24.696.328,04. Sin embargo, tres días después, el Gobierno se desayunaría con dos noticias que caerían como una bomba en la calle Peltier. Primero fue un comunicado de la distribuidora del grupo Vila-Manzano hacia la Subsecretaría de Servicios Públicos en el que aclaraba que, a partir del viernes 19 de noviembre, comenzaría la devolución de las multas, pero no por 25 millones, sino por un total de 10 millones de pesos, tal como había resuelto el EPRE. La sorpresa por tal misiva se disipó cuando, a las pocas horas, se notificó de la Resolución 208 del organismo del control que establecía, con fecha del 15 de noviembre, que, de acuerdo con los cálculos hechos y algunos errores detectados en los informes preliminares elaborados por la propia empresa en su autodeterminación de la multa, la verdadera suma que debía devolver Edemsa era de $10.169.708.

la explicación del epre. “La distribuidora calculó en principio los valores de la sanción, el EPRE revisó esos valores y sacó las resoluciones de Directorio. Los 25 millones fueron un cálculo estimado y, a los diez días, la empresa pidió una reconsideración, argumentando que se equivocó y que los datos eran sustancialmente menores. Hicimos una auditoría y certificamos los errores con que se habían hecho los cálculos, por eso es que se modifica el importe a bonificar a los usuarios”, esgrimió el gerente técnico del EPRE, Héctor Laspada. Pero, los señalamientos al organismo, por parte de Cazabán, se mezclaron con las agraviantes publicaciones sobre la figura del gobernador Jaque y su secretario, que por esas mismas horas hacía el tándem empresarial Vila-Manzano, a través de sus diferentes medios de comunicación. La “operación mediática” del Grupo Uno desde que el Ejecutivo salió a reclamar el pago de las multas por parte de Edemsa, más allá de críticas o cuestionamientos políticos, avanzó en el plano de las descalificaciones personales. El gerente ejecutivo del EPRE, Héctor Quesada, evitó entrar en la discusión y ni siquiera despegó al ente de la vinculación que hacía el principal funcionario de Jaque con los propietarios de Edemsa. “Puede ser desgraciada la circunstancia de que, cuando ellos salen a reclamar, la de los 25 millones era la única información que manejaban. Ahora hemos ajustado y han coincidido fechas. Se hacen juicios de valor sobre los que no nos corresponde opinar. El Ejecutivo es el poder concedente, es el responsable del servicio público. Nosotros, sólo un organismo técnico. No podemos abrir juicio y no podemos contestar. ¿Cómo me voy a poner a la altura del Ejecutivo?”, se preguntó Quesada.

las irregularidades. El argumento del Gobierno para apuntar al EPRE por las demoras en la bonificación a los casi 350 mil usuarios del servicio eléctrico que presta Edemsa, pasa por no haber hecho cumplir la sanción inicial de 25 millones publicada en el Boletín Oficial. Patricia Martínez, subsecretaria de Servicios Públicos, explicó que “sólo en el ámbito tributario, una revocatoria detiene un proceso”. Por lo tanto, el EPRE tenía la potestad de hacer cumplir el pago, más allá de avanzar en un proceso de auditoría. Y, en el caso de que finalmente la multa fuese menor a la establecida inicialmente, la diferencia bien podría haberse devuelto descontándola de futuras sanciones. Según el artículo 65 bis de la ley 6.497, que establece el marco regulatorio eléctrico de Mendoza, la falta de pago inmediata de la sanción por parte de Edemsa “producirá la mora de pleno derecho y devengará intereses punitorios”. A su vez, podría haber sido perseguida por el EPRE “por la vía de apremio prevista por el Código Fiscal de la provincia”, dijo la funcionaria.