Un acta de una reunión de directivos de escuelas que salió a la luz y nadie ha negado, deja en una posición incómoda a la Dirección General de Escuelas, organismo que es denunciado de "bajar línea" verbalmente a los directivos: la consigna es no hablar mal de este gobierno o de cualquier otro, porque los docentes, en tanto son empleados estatales, deben "guardar fidelidad".

Para ser precisos, la consigna se aplica a los discursos de docentes y directivos en actos escolares y esa supuesta orden salió a la luz con la copia del acta número 14 convocada por una supervisora y de la que participaron varios directores y vicedirectores de escuelas del Gran Mendoza.

Ayer, el Senado aprobó un pedido de informes presentado por el senador radical Armando Camerucci, en el que se pide saber acerca de esa recomendación y si existe una resolución oficial de la DGE en ese sentido.

Difícil situación para la DGE. Es que no es la primera vez que el gobierno escolar se ve mezclado en un escandalete de corte político que roza el adoctrinamiento. Antes fue la presencia de militantes de La Cámpora en algunas escuelas mendocinas y, en ese sentido, van las palabras de Camerucci: "La Cámpora puede entrar en las escuelas, pero los docentes no pueden hablar mal del gobierno".

El affaire de La Cámpora arrancó con la emisión del 12 de agosto del programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata. En esa emisión apareció la directora de Educación de la Municipalidad de Godoy Cruz, Mariana Caroglio, quien comentaba acerca de la presencia de los militantes kirchneristas en dos escuelas de ese departamento.

El 28 de agosto, dos diputados del radicalismo, Tadeo García Zalazar y Diego Guzmán, denunciaron en Fiscalía de Estado estas actividades utilizando material del Estado en el marco de actos proselitistas y no curriculares en colegios de Godoy Cruz, Capital y La Paz.

Dos días después de esta denuncia vio la luz el acta 14. El 30 de agosto se concretó la convocatoria de la supervisora María Casale de Lhez a una veintena de directores y vicedirectores que concurrieron para conocer lo que había informado el 27 de agosto a los supervisores la directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer. De ese encuentro de supervisores participó hasta el mismísimo gobernador Francisco Pérez.

La supervisora Casale de Lhez bajó a los directivos de escuelas las medidas estratégicas para mejorar la calidad educativa de Mendoza que se aplicarán en el segundo semestre del año, así como otras comunicaciones de neto corte administrativo.

En el punto h de la reunión, ingresó la polémica. De acuerdo al acta 14, en el punto h, se habló de los actos escolares y allí se mencionó una recomendación de la directora de Educación Especial, María Catena Santamaría de Mandón: según la información bajada a los docentes, se indicó que "no se puede hablar mal de ningún gobierno actual o anteriores en los discursos directivos o docentes, recomendación expresa de la señora María de Mandón, por ser docentes estatales y debemos guardar fidelidad".

Entonces, siempre de acuerdo al acta que firmaron todos los presentes en el encuentro (lo cual implica un aval de lo que se escribe en el polémico documento), Graciela Aguilar, vicedirectora de la escuela 2-023 Ignacio Pirovano del barrio Sarmiento de Godoy Cruz, dijo que esa recomendación "se contradice con los lineamientos de libertad de expresión estudiados en los concursos de jerarquía 2003 y 2012", a lo que todos los otros directivos de escuelas adhirieron. Ahí termina el informe del acta sobre este punto.

Los Andes logró hablar con la directora de la escuela Ignacio Pirovano, Adriana Agüero, la inmediata superior de Graciela Aguilar, la docente que marcó la contradicción entre la recomendación de la directora de Educación Especial María de Mandón y la libertad de expresión (siempre de acuerdo al acta 14).

"Yo quería aclarar que las cosas no fueron como dice el acta", dijo la directora. Ella misma marca el hecho de que respalda a su subalterna, pero no se habló en esos términos tajantes que quedaron plasmados en el acta. "Se habló de ese tema, pero no fue en esos términos", suavizó Agüero.

El fin de semana que pasó, el senador radical Armando Camerucci empezó a hacer circular copias del acta 14 y el escándalo se desató. En la mañana temprano, la Dirección General de Escuelas emitió un escueto comunicado: "De ninguna manera este gobierno impulsa un mensaje como el que quedó plasmado en el acta dada a conocer por un medio de comunicación de la provincia. El gobierno escolar alienta la diversidad de opiniones y el diálogo abierto y participativo con la comunidad educativa. Por este motivo se está recabando información y se está trabajando para conocer los hechos y tomar las decisiones que sean necesarias".