Se denuncia que hay crisis y que ésta repercute en el Departamento Judicial de Azul, haciendo hincapié en los Tribunales de Tandil.

Sostiene el informe que “los funcionarios de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires luego de oponer un sistemático e inquebrantable silencio, hace una semana se pusieron en contacto con las víctimas y sus familiares”.

Mencionan que los funcionarios argumentaron que el tema se “traspapeló” y que “estos emisarios han ofrecido a los familiares de víctimas, la asignación de fondos especiales para crear una ONG que las asista, la creación de una UFI temática, y a su vez también manifestaron que existen otros proyectos en trámite, sin especificarlos, pero con la clara intención de ganarse la confianza perdida de los damnificados, y según los dichos de los propios familiares, tienen la descarada intención de comprarles su voluntad”.

Especulan que “esta repentina toma de conciencia por parte de las autoridades de la provincia, se percibe como un maquillaje”, agregando que “no podemos aceptar lo que el Poder Judicial hizo tarde y mal”, ya que entienden que lo que se busca ahora “es evitar o mitigar el impacto político que dicha situación podría acarrear. En lo sustancial, están convencidos que esta acción no alteraría la problemática estructural que se evidencia y que otorga condiciones para la reclamada intervención de los poderes nacionales”.

El extenso documento hace un repaso por casos resonantes que ocurrieron en ámbitos del Departamento Judicial local y especialmente se alude a un caso en particular muy mediatizado y que ha generado denuncia encontradas, argumentando que en este tema hay implicancias políticas por tener vinculación una de las partes con un alto funcionario comunal.