Un informe detallado sobre la investigación por la desaparición de Jorge Julio López, testigo en un juicio de Lesa Humanidad desaparecido en 2006, fue presentado ante un organismo de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) por la agrupación promotora y defensora de los Derechos Humanos Justicia Ya!

El 18 de septiembre de aquel año, López salió de su casa para estar presente en los alegatos de la querella contra el represor y ex director de Investigaciones de la policía Miguel Etchecolatz, pero nunca llegó a destino. Aún hoy, su desaparición es un misterio y la causa judicial no tiene detenidos, sospechados ni una hipótesis firme.

El expediente fue llevado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, de visita oficial en nuestro país.

Además de esta nueva presentación, le recordaron al Grupo, que se encuentra de visita en la Argentina, que el Caso López ya había sido presentado a Naciones Unidas en 2006, y a través del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH).

En aquella oportunidad se recurrió al ámbito internacional a pocos días de sucedida la segunda desaparición de López “ya que habíamos intentado agotar todas las herramientas de denuncia a nuestro alcance”, detallaron desde la entidad en un comunicado.

“A más de ocho años de impunidad en el caso, volvimos a insistir en nuestra pretensión de que el caso sea tomado en cuenta formalmente como lo que es, un caso de desaparición forzada de persona, ya que el tema ha pasado a ser de interés para toda la sociedad argentina, pero el Estado no ha dado una respuesta acorde a la gravedad del hecho", expresaron en el parte de prensa.

Nacido en 1980, el Grupo es una organización multilateral de carácter humanitario y su objetivo es ayudar a las familias a determinar la suerte y el paradero de sus familiares desaparecidos que han quedado sustraídos a la protección de la ley. Interviene realizando llamamientos, alegaciones, informes y recomendaciones a los Estados parte del ente internacional, para que informen qué tareas específicas han desarrollado en cada caso, qué marco legal de protección de derechos existe en vigencia en cada país y cuál es el cumplimiento efectivo de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que los estados se han comprometido a respetar.