Funcionarios provinciales, encabezados por el secretario de Seguridad, Guillermo Pellini, estuvieron este martes en la Legislatura. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, dialogaron con los diputados sobre el espinoso tema de las usurpaciones de tierras y tomas de terrenos. No hubo grandes conclusiones. Apenas la certeza de que sobre el tema hay distintos enfoques y opiniones. Y que está todo muy teñido por la coyuntura electoral.

La comisión que preside el diputado José Russo, recibió además de Pellini a los subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos, Gabriel Gastaminza, y Desarrollo Social, Encarnación Lozano; y a Marité Such, directora de Desarrollo Urbanístico del Instituto Provincial de la Vivienda.

Durante el debate, hubo previsibles cuestionamientos al accionar del poder Judicial. También se criticó la magnitud del déficit habitacional, “reflejado en los más de 30 mil inscriptos al Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RuPROVI)”.

Lo más claro lo aportaron vecinos de la zona oeste de la ciudad, que también habían acudido a la cita: reclamaron medidas concretas para “levantar” las tomas más recientes, y evitar próximas que pudieran aparecer.

“No podemos caer en la anarquía y el desorden y que esto sea tierra de nadie”, dijo Pellini, después de hacer referencia a la muy discutida resolución del juez Elosu Larumbe de considerar que no hubo delito en una de las últimas tomas.

El funcionario también dio cuenta de la aplicación de un protocolo de intervención que se sustenta en la presencia policial para evitar enfrentamientos entre vecinos, y para fijar un perímetro que evite la consolidación de la toma.

Hubo reclamos de los diputados por la ausencia de funcionarios judiciales y municipales en la mesa de debate. El oficialismo planteó que la decisión de tomar un terreno “está mal” y expresó que las mismas personas que impulsan una ocupación “después se quejan de la falta de espacios verdes”.

Desde el PJ, Ariel Kogan pidió dar un mensaje claro de que no hay justificación para la toma de terrenos y deslizó que en los últimos tres años, ingresaron 61 millones de pesos del FONAVI que no fueron utilizados para soluciones habitacionales.

Por la UCR, Marcelo Inaudi rechazó que la solución del tema esté en manos de la policía o un juez. “Mientras haya funcionarios que salgan como bomberos a apagar el incendio y dar una solución a los ocupas, después no nos quejemos”, sostuvo.