El proyecto levantó polvareda durante la última sesión de la Legislatura, tanta como la que cubre las calles sin asfalto de los barrios Miguel Lillo I y II; Policial IV y Del Buen Vivir. La iniciativa, que prevé que esas barriadas pasen de la jurisdicción de la comuna de San Felipe y Santa Bárbara (departamento Lules) a la de la capital, volverá a calentar el recinto en la próxima sesión. El texto había sido debatido en el 31 de marzo y devuelto a comisión porque varios legisladores argumentaron no conocer detalles y deslizaron que se pretendía obtener un rédito electoral con el cambio. Puntualmente, apuntaron contra la legisladora Beatriz Ávila (PJ), autora de la iniciativa. Ahora que el proyecto volvió a obtener dictamen favorable en comisión, la parlamentaria insistió en su tratamiento, mientras que desde la oposición advirtieron que la pretensión de la legisladora es inconstitucional.

“Votan en capital”

Argumenta con vehemencia y apela, fundamentalmente, a la mejora en la calidad de vida de los habitantes. “Si creen que es por una cuestión electoral, deberían saber que los habitantes de la zona votan desde hace años en San Miguel de Tucumán y además, ya no se pueden hacer inclusiones en los padrones. El problema es que nos piden servicios y cuando los gestionamos, nos encontramos con trabas porque pertenecen a la comuna”, justificó Ávila. La parlamentaria remarcó que los vecinos viven en una situación “gris” que urge definir. “Recorro esos lugares todo el tiempo porque soy de la zona. Hay deficiencias en la mayoría de los servicios”, manifestó. Aseveró también que la polémica se suscitó por el desconocimiento de algunos parlamentarios. “El proyecto tenía dictamen pero volvió a la comisión de Asuntos Municipales, con la condición de que tuviese moción de preferencia, es decir, que se tratara en el siguiente debate en la Cámara. Se puso a disposición de quienes dijeron desconocerlo”, afirmó. Ávila explicó que la aprobación sería sólo el inicio de una serie de trámites que deben efectuarse para que los barrios sean considerados por todas las reparticiones públicas como parte de la jurisdicción de la capital.

Tras la primera sesión en la que se trató, la comisión de Asuntos Municipales, que preside José “Gallito” Gutiérrez, recibió a un grupo de vecinos de esos cuatro barrios; al secretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Marcos Díaz y al interventor de la comuna de San Felipe, José León. “Luego de las aclaraciones de los vecinos, aceptadas por las autoridades, están dadas las condiciones para su tratamiento, ya que cuenta con el dictamen favorable. Será un beneficio grande para ellos. La Municipalidad aportará servicios y obras para mejorar la zona”, sostuvo Gutiérrez.

Por su parte, León reconoció que la comuna no da abasto para responder a las necesidades de los populosos barrios y estimó que la población ronda los 4.500 habitantes. “El 90% tiene domicilio en la capital y tributa allí. Nuestros recursos son insuficientes para atenderlos. Por ejemplo, les sale más barato tomar un colectivo al hospital Padilla que al CAPS de la comuna”, cerró.