En un comunicado, manifestaron que "hablando con los familiares (de Suppo) nos enteramos que las breves pericias policiales se sucedieron en una escena plagada de curiosos y que la misma policía le habría pedido a ellos —la familia— que busquen el arma homicida y que limpien el lugar. También supimos que ninguna autoridad judicial se había hecho presente, por lo cual inmediatamente junto a los hijos de Silvia nos presentarnos ante la fiscal".

Desde los organismos plantearon que "todo esto lo vimos los militantes, amigos y compañeros, pero también deberían haberlo notado los funcionarios del gobierno provincial, que si bien no tuvieron la iniciativa de poner a disposición de la familia sus conocimientos jurídicos, estaban presentes en esos momentos, cumpliendo con su trabajo, según los dichos del doctor Jorge Pedraza, director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica. No nos explicamos cómo todas esas burdas desprolijidades cometidas por la fuerza policial quedaron inadvertidas para la Secretaría de DDHH".

Señalaron que "las comunicaciones personales que dice mantener Pedraza con el jefe de la UR V de policía, Juan Mondino, no constituye evidencia, ni presume un correcto desempeño del accionar policial ni la resolución del caso". Remarcaron que "este mismo funcionario en afirmaciones periodísticas, descarta el móvil político del asesinato de Silvia Suppo".

Marcaron que estas "declaraciones fueron el detonante para que los hijos de Silvia Suppo decidieran renunciar al Programa de Protección de Testigos, entendiendo que esa actitud es incompatible con garantizarles la protección".

Además de hacer duras objeciones al accionar de la policía de Rafaela, aseguraron que "las declaraciones que salieron a dar el ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, y Pedraza sólo pueden redundar en una cosa: impedir o entorpecer la investigación a fondo del asesinato de Silvia Suppo".