Mientras 172 familias de Lagunas del Rosario recibían una copia de la propiedad comunitaria de 72 mil hectáreas que hasta entonces eran terrenos fiscales, representantes de otras 10 comunidades huarpes se manifestaban con una carpa en la explanada de Casa de Gobierno porque consideran que no se respetó la ley 6920 que reconoce su derecho sobre esas tierras.

En el acto también se puso en funcionamiento un nuevo tramo del acueducto que lleva agua potable a las poblaciones del secano de Lavalle.

"Es una alegría muy grande, después de tanto tiento de esperar", planteó Roberto Quiroga, quien vive en un puesto a 3 kilómetros de la capilla de Lagunas del Rosario. El hombre explicó que muchas veces se preguntaron qué pasaría si alguien llegaba y compraba esas tierras, y agregó que su padre siempre peleó porque les dieran el título de propiedad.

Felipe Heredia y Rosa Reinoso pasan, desde hace 30 años, parte del año en El Algarrobal y todos los inviernos en Lavalle, donde aseguran que las temperaturas son más amables y pueden tolerarse con ayuda de una fogata. Él comentó que cuando llegue el agua tal vez se instalen en forma definitiva en Lagunas del Rosario, porque hasta ahora cuidaban la casa que heredaron de la familia pero no tenían la certeza de que fuera de ellos.

Al aire libre, a metros de la capilla que cada octubre es escenario de los festejos para honrar a la Virgen del Rosario, se habían armado diez largos mesones bajo una tela media sombra. Allí, los habitantes del lugar compartieron un almuerzo antes de que cada una de las 172 familias recibiera una copia de la escritura de propiedad comunitaria de 72 mil hectáreas, que se firmó en octubre del año pasado.

"Se ha hecho justicia con un pueblo que estuvo en silencio muchos años", planteó Juan Nievas, presidente de la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario. El hombre explicó que consiguieron esto luego de separarse de las otras comunidades y consideró que lo mejor es que cada una de ellas tenga un título propio.

Esto, en referencia a la oposición que manifestaron los representantes de las 11 comunidades huarpes, con una carpa que instalaron desde el lunes en la explanada de Casa de Gobierno. Ramón Tello, quien además de presidir la comunidad José Andrés Díaz es miembro del Consejo de Participación Indígena, explicó que sólo se han entregado 72 mil hectáreas de las más de 750 mil que habitan.

Esto, señaló, implica que no se ha cumplido con lo que establece la ley 6.920 del año 2001, ya que además de fijar una extensión mucho mayor de terreno, establece que debía entregarse un único título comunitario a nombre de las 11 comunidades en lugar de parcelarse. Por eso, Tello manifestó que exigen que se termine la mensura del total de hectáreas y se haga un solo plano. Tampoco descartó que recurran a la Justicia Nacional y, de ser necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La ley 6.920 reconoció la "pre existencia étnica cultural del Pueblo Huarpe Milcallac" y estableció que el Estado debe expropiar unas 780 mil hectáreas del desierto lavallino para entregarles la escritura de propiedad a los descendientes de aquellos pobladores originarios. Sin embargo, la normativa fue declarada inconstitucional en 2001, poco después de su aprobación, por el entonces Fiscal de Estado Pedro Sin.

Recién en 2008 la Suprema Corte de Justicia rechazó este recurso de inconstitucionalidad y falló a favor de las comunidades huarpes. Y el año pasado, el gobernador Celso Jaque firmó un decreto por el que estableció la adjudicación que se concretó ayer e inició el trámite de expropiación de las restantes tierras (que repudian los representantes de otros grupos).

El intendente Roberto Righi manifestó que los terrenos que se escrituraron a nombre de la comunidad de Lagunas del Rosario eran fiscales, por lo que el trámite resultó mucho más sencillo. En cambio, en las hectáreas restantes hay que proceder a expropiar y también a analizar situaciones de títulos superpuestos.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente anunciaron que en los próximos días, se convocará a una reunión con los presidentes de las comunidades huarpes para informarles cómo avanza el proceso de expropiación y consensuar algunos puntos del edicto que se debe publicar para ello.